Fiscal del caso tsunami: Justicia negociada no necesariamente determina impunidad

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Autor: Cooperativa.cl

José Luis Pérez Calaf defendió en Cooperativa el acuerdo al que se llegó con las defensas.

Los imputados no están obligados a pedir perdón, ante lo que dijo que "no nos hemos puesto en esa eventualidad que reconozcan hechos".

Fiscal del caso tsunami: Justicia negociada no necesariamente determina impunidad
 UNO Archivo

"Una suspensión condicional del procedimiento implica un cierto grado de aceptación", dijo el fiscal.

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El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comentó en El Diario de Cooperativa el acuerdo con las defensas de los imputados en el caso Tsunami para poner término a la indagatoria, afirmando que "una justicia negociada no necesariamente implica impunidad".

Esta salida alternativa debería quedar formalizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el lunes 14 de marzo, fecha en que está programada la audiencia de preparación de juicio oral, aunque los querellantes ya anunciaron su rechazo a este acuerdo y que apelarán a instancias superiores.

Indicó que "una justicia negociada no necesariamente determina impunidad. De alguna manera, una suspensión condicional del procedimiento implica un cierto grado de aceptación".

Junto con pagar 245 millones de pesos de indemnización, el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que leer una carta en la que no tendrán que pedir necesariamente perdón y también financiar un seminario sobre terremoto.

"Un imputado que admite responsabilidad, necesariamente es condenado (...) por eso, no nos hemos puesto en esa eventualidad que los acusados reconozcan hechos. Si hubiera sido así, ellos hubieran llegado a juicio. Ellos expresamente han negado la posibilidad de un juicio abreviado, que habría implicado una condena", sostuvo.

Sobre esta carta, el fiscal dio cuenta que "dijimos que es una declaración en que ellos se hagan cargo de las situaciones que se produjeron en el día del terremoto".

"No es algo resuelto"

"Esencialmente la salida que se da en este tipo de casos son las suspensiones condicionales del procedimiento (...) La definición de dar a cada uno lo suyo no siempre pasa por una resolución judicial", aseveró fiscal Pérez Calaf.

Expresó que "el Ministerio Público acusó por un delito, cuasidelito de homicidio" y que "el gran porcentaje de resolución de los casos por cuasidelito, o sea, hechos culposos, son términos (de) no sentencias judiciales, por lo tanto, no creo que se transforme en impunidad. Habría impunidad si todos los acusados no hubieran sido sujetos a una salida judicial".

El fiscal precisó que el acuerdo con los imputados "no es algo resuelto. Esta es una propuesta que se le hace al tribunal y es el tribunal el que determinará si esas son las condiciones, si son mayores o son menores. Uno hace propuestas, es el tribunal el que resuelve".

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"La única posibilidad para nosotros era una salida a través de una sentencia", afirmó el abogado querellante Alfredo Morgado tras el acuerdo. (Foto: UNO)

Querellante acusó que "se negoció la impunidad"

La confirmación de este acuerdo generó el rechazo absoluto de los querellantes, que anunciaron que van a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.

De hecho, el abogado Alfredo Morgado dijo que era viable ir a un juicio oral, reconociendo que "no nos parece este acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados".

"La única posibilidad para nosotros era una salida a través de una sentencia que, acorde a lo que nos señaló en su oportunidad la fiscal Solange Huerta, era a través de un juicio oral público y controvertido", aseveró.

Mientras que el abogado Raúl Meza manifestó que aquí se negoció la impunidad: "Cómo le explica uno a un padre, a una hija, a un hermano, de que se negoció la impunidad de la muerte de sus familiares por la optimización de los recursos del Estado".

Agregó que "ese precedente significa que en Chile un funcionario público, ser negligente en este país en la calidad de funcionario público es absolutamente gratuito, porque esto es vergonzoso para el Estado de derecho chileno. No puede ser que las instituciones del Estado lleguen a esto después que hubo 156 compatriotas muertos".

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