El líder de la ANEF, Raúl de la Puente, pidió que Hacienda mantenga sus compromisos con los trabajadores.
Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric valoraron el anuncio.
De la Puente explicó que este congelamiento solamente se debe aplicar a los sueldos más altos.
Tras el congelamiento de los sueldos de los altos cargos del Estado, tanto la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) descartaron tomar la misma medida como señal de austeridad.
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, sostuvo que "hay que hacer una advertencia y es que nosotros lo vemos esto para las remuneraciones altas, porque queremos decir que nosotros no estamos de acuerdo en un congelamiento similar de las remuneraciones de los trabajadores públicos".
"Esperamos que el ministro de Hacienda cumpla los compromisos contraídos con los trabajadores", añadió.
Por su parte, el timonel de la Sofofa, Hermann von Muhlenbrock, recalcó que "me parece que es un poquito avanzar en un tema que no corresponde, hasta el día de hoy las empresas se manejan libremente y las remuneraciones se manejan libremente y no a través de una indicación que pueda hacer el Parlamento, porque ahí sí estaríamos bastante más complicados con eso que con la reforma laboral".
Boric y Jackson valoraron anuncio
Mientras tanto, los diputados independientes Giorgio Jackson y Gabriel Boric valoraron el anuncio del Ejecutivo y recalcaron que es el primer paso en una mejora que incluye la rebaja de las dietas parlamentarias.
Boric dijo que "sigue siendo insuficiente, es una medida de carácter simbólico que va en la dirección correcta pero no afecta al problema de fondo que tiene que ver con la tremenda desigualdad que existe hoy día entre los ingresos que reciben las máximas autoridades del país y la mayoría de los chilenos".
"Se nos trató de populistas. Qué bueno que hoy día se acoja el espíritu, pero vamos a seguir insistiendo", agregó.
Jackson manifestó que "nosotros lo que queremos es el equilibrio, un equilibrio entre una buena remuneración que haga que las personas puedan moverse con autonomía, sin depender de que los financie la corrupción o la empresa privada y un equilibrio que impida que un legislador tenga 40 veces más de remuneración que alguien que recibe el sueldo mínimo".
