Por cuarta noche consecutiva, un grupo de 60 mineros pernoctó en las profundidades de la mina Santa Ana, en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, en reclamo al incumplimiento de un protocolo firmado con el Gobierno.
Los movilizados acusan al Ejecutivo de no cumplir con el artículo 4 del protocolo que señalaba que el Gobierno generaría las instancias necesarias para comprar la mina y poder trabajarla.
Héctor Fernández, uno de los mineros afectados, explicó que la protesta es "por la continuidad de la mina y del protocolo que, hasta aquí, el Gobierno ha cerrado las puertas. Nuestros compañeros y nuestras autoridades fueron al Senado y también se les han cerrado las puertas".
En la misma línea, otro movilizado, Santiago Flores sostuvo que "aquí el Gobierno nos ofreció la continuidad de la mina, ofreció colocar todo el apoyo y hasta la fecha no ha cumplido, no ha respondido en nada".
Luis Chandía, presidente del sindicato Sw Curanilahue, indicó que "lo que más nos interesa a nosotros en estos momentos es el último punto de este protocolo, que es la continuidad de la mina".
"Nosotros creemos que pondríamos a cargo de nuestra deuda, que asciende a casi mil millones de pesos, en la quiebra, adjudicarlo a la mina", agregó el líder sindical.
El seremi de Minería del Biobío, Lautaro Benítez, señaló que lo que plantea Chandía es imposible, ya que el Sernageomin decretó el cierre de la mina el pasado 17 de noviembre por condiciones de seguridad y porque el Estado no puede adquirir vienes para que sean usufructuados por privados.
"El Ministerio de Minería, el sector público, no tiene un instrumento normativo, jurídico, presupuestario que le permita comprar, adquirir esta empresa insolvente y hacerse cargo de ella y contratar a los trabajadores para que trabajen en ella. Eso no es posible", señaló la autoridad regional.
De no alcanzar un acuerdo, los mineros amenazaron con pasar Navidad y Año Nuevo al interior de la mina.