"No corresponde que una autoridad de esa naturaleza se exprese de ese modo", dijo el vocero del máximo tribunal, Milton Juica.
La polémica se da en medio de la contienda de competencias relacionada al sistema previsional de los funcionarios de la DGAC.
Gobierno prefirió no referirse a la polémica.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó como "altamente agraviante" una declaración realizada por el contralor Jorge Bermúdez en el marco de la contienda de competencias relacionada con el sistema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que enfrenta a ambas instituciones.
Luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la Contraloría General de la República, el contralor Bermúdez indicó que "esta discusión al final no se refiere tanto a que si la Contraloría puede o no interpretar".
"Como contralor tengo suficiente trabajo como para estar preocupándome solamente de esto, pero a mí me parece importante este tema por las consecuencias que estoy señalando y porque, en el fondo, aquí lo que se está tratando es la sustitución de los poderes públicos", señaló Bermúdez a mitad de semana.
La respuesta de la Corte Suprema llegó tres días después: "Esa expresión es altamente agraviante para el Poder Judicial. No corresponde que una autoridad de esa naturaleza se exprese de ese modo, sin tampoco considerar aspectos empíricos que demuestren lo que está afirmando", afirmó Juica.
"Además, esa es una expresión no inventada por él, sino que la repite de organizaciones que no son gubernamentales, que la han empleado con una especie de crítica al Poder Judicial que nosotros no hemos aceptado y no la vamos a aceptar", añadió el magistrado.
Consultado por la polémica, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló: "Nosotros no hacemos comentarios de lo que dicen organismos independientes del Estado. La Contraloría tiene una normativa legal y lo que hace el contralor es respetar esa normativa legal y nosotros no tenemos nada que comentar al respecto".
Cabe recordar que los funcionarios exigen ser traspasados desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
