Peritos tenían una orden del Duodécimo Tribunal de Garantía de Santiago.
Juan Pablo Jiménez, de 34 años, murió el 21 de febrero de este año por un disparo en la cabeza.
Negativa de la gerencia de Azeta va a motivar ahora acciones legales por desacato.
Hasta la Empresa Azeta de la comuna de San Joaquín llegaron peritos contratados por la familia del sindicalista Juan Pablo Jiménez, de 34 años, quien murió el 21 de febrero de este año por un disparo en la cabeza.
La idea era efectuar peritajes científicos para desacreditar la hipótesis que maneja la policía de que el hecho se debió a una bala perdida.
Para ello, los peritos privados llegaron a la empresa con una orden del Duodécimo Tribunal de Garantía de Santiago, pero se encontraron con la negativa de la gerencia general de Azeta que les impidió ingresar al recinto.
La Brigada de Homicidios planteó que se trata de una bala loca que recorrió cerca de un kilómetro desde La Legua, descendió en forma de parábola, golpeó cables del tendido eléctrico e impactó luego en la cabeza de Jiménez.
Al contrario, la tesis de la familia es que se trató de un ataque directo y es lo que se pretendía probar con las diligencias de este jueves.
Esta negativa de la gerencia de la empresa va a motivar ahora acciones legales por desacato.
