La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) sostuvo este viernes una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a fin de adoptar "acciones inmediatas" contra las reiteradas amenazas que han recibido alcaldes tras adoptar medidas contra el narcotráfico.
La cita, que se realiza en dependencias del Ministerio Público en Santiago, incluye la petición de designar un fiscal especializado para investigar estos casos de amedrentamiento.
Los jefes comunales que públicamente han afirmado haber recibido amenazas son Miguel Concha (Peñalolén), Javiera Reyes (Lo Espejo) y Karina Delfino (Quinta Normal), quien protagonizó el caso más grave luego que, al frente de su casa, dejaran un cadáver al interior de una caja.
Sin embargo, estos tres episodios no son los únicos: según datos de la AChM, casi un 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana aseguraron recibir amenazas de alguna forma, mientras que 17 de ellos -lo que equivale a un tercio de la región- fueron víctimas de amenazas explicitas.
Los amedrentamientos van desde mensajes en redes sociales hasta amedrentamientos con armas de fuego o envíos de coronas de flores.
Alcaldes piden fiscal preferente
Tras una reunión con Valencia, la directiva de la ACHM, encabezada por su presidente, Gustavo Alessandri, solicitó de manera formal la designación de un fiscal preferente para investigar las crecientes amenazas que afectan a alcaldes y concejales en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta busca modernizar y acelerar los procesos de persecución penal frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico en diversos territorios del país.
"Estamos viviendo la crisis de delincuencia más profunda de nuestra historia y los alcaldes somos la primera puerta que toca el vecino; por lo mismo, no vamos a dar un paso atrás", afirmó Alessandri.
Además de la figura del fiscal especializado, la ACHM anunció el diseño de un Protocolo Nacional de Seguridad Municipal junto al Ministerio Público, que incluirá manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas para fortalecer el rol coadyuvante de los municipios con las policías.
Alessandri también destacó la necesidad de conformar una Fuerza de Tarea Transversal que integre no solo a la seguridad y fiscalía, sino también a las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social para recuperar la prevención a largo plazo.
En tanto, el representante de los alcaldes se mostró a favor de la realización obligatoria de exámenes de droga cada seis meses para todos los cargos públicos, subrayando que "debemos predicar con el ejemplo si queremos ganarle al flagelo de la droga que hoy afecta a nuestros barrios".
