El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó la actitud que el ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), ha tenido tras el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la titularidad sindical, pieza clave de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
Luego de que Burgos insistiera en que "no le hace bien al país poner en duda la legalidad del TC", Castro señaló que le "llama la atención la opinión del ministro del Interior, porque él debiera ser el primero que tendría que tener entusiasmo y ganas de poder pelear la reforma laboral, que se está derribando por vía judicial pese a que por la vía legislativa está aprobada".
"A mí me gustaría ver al ministro del Interior con el mismo entusiasmo de la Presidenta Bachelet y no bajando los brazos frente a un fallo que quita dos pilares fundamentales de la reforma laboral, como son la titularidad y la extensión de beneficios", continuó Castro.
"Lo encuentro disociado y discordante con lo que ha dicho la Presidenta y todos los ministros que ya se han manifestado –claramente- en una posición mucho más firme para defender lo que la soberanía popular dictaminó a través del Congreso", indicó el legislador.
Fallo es "lamentable, aberrante"
En tanto, en el partido del ministro el diputado y presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín, afirmó que "evidentemente nadie puede desconocer el fallo del Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste".
"A mí no me gusta, creo que es lamentable, aberrante en algunos contenidos, pero es parte de nuestra institucionalidad. No es menos cierto que, probablemente, esto nos pueda generar problemas a nivel internacional en tratados que ha firmado Chile. Pueden existir algunos bemoles en esa materia y es por eso que se va a aplicar el veto (por parte del Gobierno), que tendremos que ver exactamente si estamos hablando de veto aditivo en algunos componentes que se agregarán; o supletorios para eliminar algunas cosas; o sustituir", explicó Vallespín.
"Yo creo que ésa parte es la que el Ejecutivo tiene que analizar con mucho detalle, pero para eso necesita el texto de la sentencia del TC para hacer con rigor", acotó.
Para dar a conocer el veto el Gobierno tiene como fecha límite el 7 de mayo. Sin embargo, el TC se fijó el 9 de mayo como plazo para entregar todos los antecedentes, por lo que desde la Nueva Mayoría piden que el tribunal anticipe la publicación del texto para que se no repita un nuevo bochorno en torno a los plazos, tras la fallida inscripción de las primarias.
El subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, recalcó que "la entrega del fallo depende del Tribunal Constitucional, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en cuando se dicta ese fallo, pero conocemos lo que ha sido la votación y estamos preparando los distintos escenarios e iremos comunicando la reacción del Gobierno en el transcurso de los próximos días".
