El ministro vocero, Marcelo Díaz, anunció que el Gobierno desechó insistir en la idea del veto presidencial y la ley corta para hacer frente al fallo del Tribunal Constitucional que, a fines de abril, echó por tierra aspectos claves de la reforma laboral.
A un mes de que el propio Díaz comunicara el camino que seguiría La Moneda tras el fallo que declaró inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios por afiliación (considerados parte del "corazón" de la iniciativa), el vocero señaló que el Gobierno decidió "explorar" una vía distinta: la de una reforma constitucional.
"Hemos acordado constituir un equipo técnico-jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional", afirmó Díaz.
"Mientras avanzamos en ese esfuerzo, que requiere, por cierto, diálogo con la oposición -porque una reforma constitucional de esta envergadura requiere de una cantidad de votos que la Nueva Mayoría por sí sola no dispone- se suspende, por cierto, toda la decisión relativa al veto y a la tramitación de una eventual ley corta", agregó el ex diputado socialista.
Díaz subrayó que la suspensión se dará "a la espera del examen de viabilidad de esta reforma constitucional".
En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que "el veto y los distintos caminos que tiene el veto, por el momento, no quedan con ninguna decisión. Queremos primero trabajar en esta posibilidad de tener algún acuerdo. Queremos que esto no se eternice, por lo tanto, no vamos a congelar la reforma".
Lagos Weber valoró la fórmula
El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), explicó que esta es la única forma de enfrentar el traspié sufrido en el TC, pues ninguna ley corta tiene la garantía de que no será nuevamente llevada al mismo tribunal.
"El Gobierno perseguía titularidad sindical y eso contó con el apoyo unánime e irrestricto de toda la Nueva Mayoría. La derecha lo llevó al TC, el TC afectó esa decisión que tomó la Nueva Mayoría y el Gobierno y que se aprobó con la mayoría de los votos", dijo el legislador.
"En consecuencia lo que cabe ahora es si nos quedamos con la legislación actual o tratamos de reponer eso (la titularidad sindical) y una fórmula para hacerlo es a través de una reforma constitucional, porque si la Constitución establece que puede haber titularidad sindical el TC no puede pronunciarse al respecto", añadió.
A su vez, el jefe del comité de senadores de la DC, Andrés Zaldívar, afirmó que esta reforma "la propusimos los senadores democratacristianos, porque creemos que es un hecho real si el Tribunal Constitucional dio un fallo en un tema fundamental en las relaciones laborales".
UDI: No vamos a aceptar este cambio
En la derecha no cayó muy bien esta idea y el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, anunció que no concurrirán a este acuerdo.
"Es mucho más grave aún, porque lo que están haciendo es poniendo al nivel de la Constitución el monopolio sindical, es decir, quitándole a los trabajadores no afiliados derechos que les corresponden, por eso no vamos a aceptar este cambio en la Constitución", manifestó el líder gremialista.
En tanto, a través de una declaración pública, los grandes empresarios reunidos en la CPC y la Sofofa rechazaron este anuncio del Ejecutivo asegurando que se abre una nueva incertidumbre que perjudica la inversión y el crecimiento económico.
CUT: No esperamos nada de la derecha
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no recibió de buena manera el planteamiento de la derecha, ya que a juicio de su vicepresidente, Nolberto Díaz, a ese sector
"Nosotros no esperamos nada de la derecha, porque la derecha votó incluso contra esta reforma que ya era modesta. Votó en contra siempre, después hizo trampa y la torpedeó en el Tribunal Constitucional", opinó Díaz.
"Ahora, que el Gobierno impulsa una reforma constitucional, a ellos tampoco les gusta. Al señor Larraín, a la CPC y a la derecha lo que no les gusta es la democracia", remarcó enfático el dirigente de la multisindical.
Para poder aprobar esta reforma constitucional se requieren necesariamente los votos positivos de 80 diputados y 25 senadores, una cifra con la cual se necesitará algún voto de los parlamentarios de la oposición.
