En el marco del plan Calles Protegidas y reforzamiento de las fiscalizaciones ante el aumento de viajes por Fiestas Patrias, el Gobierno dio inicio este lunes a fiscalizaciones en los terminales de buses del país.
El trabajo preventivo se da en el marco de la nueva normativa, ya vigente, que obliga a las empresas de servicios interurbanos de transporte público de pasajeros a entregar un comprobante por cada bulto o equipaje transportado con el nombre de la persona que viaja y su número de asiento.
Esta nueva medida implica que, en los viajes de menos de cinco horas, las empresas de buses interurbanos deben entregar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando en el mismo ticket el nombre del pasajero y el número de asiento.
En tanto, en los traslados de más de cinco horas, deben otorgar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando el nombre del pasajero y el número de asiento, y contar con una nómina de pasajeros que incluya el número de ticket de cada bulto.
Esta nómina debe quedar disponible por parte de las empresas durante 180 días para eventuales investigaciones del Ministerio Público.
La disposición asegura que cada bulto, equipaje o valija transportado esté correctamente documentado, registrado y vinculado al pasajero responsable de los mismos.
Asimismo, permite mantener la obligación de la nómina de pasajeros en viajes de más de cinco horas de recorrido, incorporando la información del comprobante en la referida nómina.
Gobierno destacó la medida
El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó la implementación de la medida y aseguró que desde su ministerio están "dando un paso concreto para brindar mayor seguridad en los viajes en buses interurbanos".
"Esta nueva normativa permitirá aumentar las condiciones de seguridad de los pasajeros y la tripulación, y facilitar las fiscalizaciones de las policías y posteriores investigaciones del Ministerio Público, por cuanto establece una trazabilidad entre bulto y pasajero", explicó la autoridad.
Las fiscalizaciones de esta normativa están a cargo de inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, inspectores municipales y Carabineros. En el caso de que las empresas no cumplan, se abrirá un proceso administrativo sancionatorio que puede culminar en una amonestación por escrito, suspensión o cancelación del servicio o del vehículo. También se exponen a multas entre 0,5 a 1 UTM.
