Este martes la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones planteadas por el Senado al proyecto de mejora del transporte público remunerado de pasajeros, iniciativa que será enviada al Ejecutivo para su próxima promulgación.
La propuesta aumenta el aporte fiscal en dos tramos: de hasta 120.000 millones de pesos en los años 2015, 2016 y 2017; y de 260.000 millones de pesos el año 2018 y siguientes, hasta 2022. De estos montos, un 50 por ciento se destinará a reforzar el sistema en Santiago y el otro 50 por ciento irá en beneficio del transporte público en el resto del país.
En el segundo trámite legislativo, el Senado ingresó algunas modificaciones al documento original, entre los que se encuentran una nueva redacción en lo referente al sistema de reajuste del subsidio. En este sentido, se redujo el número de variables para reajustar el aporte, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), precio del petróleo diesel, dólar observado e índice de pasajeros por kilómetro.
Además, los parlamentarios establecieron que los procedimientos licitatorios o de contratación de concesión de vías, establecimiento de condiciones de operación, perímetros de exclusión u otra modalidad equivalente y de entrega de los subsidios que deriven de la aplicación de esta ley, no constituirán actos onerosos de adquisición de bienes muebles o de servicios que se requieran para el desarrollo de las funciones de la Administración.
Otra de las modificaciones fue la determinación de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, independiente del régimen de regulación existente, podrá solicitar a Metro S.A., o a sus empresas filiales o coligadas, la prestación de servicios de transporte público de pasajeros para apoyar los sistemas de transporte vigentes, si ello se requiriera para mantener la continuidad de tales servicios, velar por la eficiente y correcta prestación de estos u otras razones de interés público que permitan resguardar dicha prestación de servicios de transporte público en beneficio de los usuarios de los mismos.
En cuanto a las modificaciones ingresadas al documento, se amplió de cinco a siete años la duración máxima para fijar los perímetros de exclusión a implementarse fuera de la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, periodo que se contabilizará desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitada su aprobación, con una prórroga de tres años.
Por otra parte, una vez vencido el plazo de duración o de la prórroga, según corresponda y cuando proceda el llamado a concurso se deberá considerar, entre los requisitos de participación, los indicadores de cumplimiento de estándares de servicio de los prestadores ya incorporados en virtud de este artículo.
