Jefes comunales buscan paralizar proyecto e impulsar un estudio de impacto ambiental.
"Queremos un proyecto que incluya a los habitantes de estas comunas", indicó Claudina Núñez.
Los alcaldes esperan que se reevalúe el proyecto.
Alcaldes de la zona sur de Santiago presentaron una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente por presuntas infracciones que habría cometido la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en la declaración de impacto ambiental del proyecto Rancagua Express.
Los jefes comunales de El Bosque, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda solicitaron iniciar un proceso sancionatorio contra EFE, argumentando que el proyecto fue fraccionado para eludir la presentación de un estudio de impacto ambiental para ser presentado en el Servicio de Evaluación.
Claudina Núñez, alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, insistió en que "estamos por la modernización de Ferrocarriles del Estado, pero queremos un proyecto que incluya a los habitantes de estas comunas que vivimos alrededor de la línea férrea".
"Hemos hecho miles de propuestas y estamos disponibles a buscar todas las soluciones y aquí la única respuesta que se nos ha dado es que es un problema de recursos", agregó la alcaldesa Nuñez.
En tanto, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, explicó que "necesitamos tener transporte público, pero necesitamos tener un transporte público de calidad. Necesitamos que nuestras vecinas y vecinos, no por el hecho de ser pertenecientes a comunidades pobres, tengan que ir viviendo los impactos para asegurar la rentabilidad económica de los proyectos".
De acuerdo al abogado de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, Marcelo Castillo, "en este caso hay ruidos y vibraciones, hay efectos sobre la salud humana, hay afectación de sitios protegidos, de Monumentos Nacionales, etcétera, todos los cuales determinan que ingrese como estudio de impacto ambiental".
"En este caso, no ingresó como estudio de impacto ambiental, sino que lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental, eso en primer lugar y, en segundo lugar, el elemento esencial para la seguridad de las personas no ha sido evaluado y no ha ingresado al sistema, lo cual también constituye una infracción a la Ley del Medio Ambiente.
Con la denuncia interpuesta, los alcaldes esperan que en las próximas semanas la entidad fiscalizadora imponga a EFE el máximo de sanciones que contempla la ley: la revocación de la resolución de calificación ambiental o una multa de 10.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales, más de 4.800 millones de pesos) y ordene la paralización de las actividades hasta una nueva evaluación del proyecto.
