La estatal confirmó la implementación de un plan ad hoc, en su respuesta al recurso de protección presentado por vecinos de La Reina.
Metro aseguró que la Línea 3 cumple con las normativas ambientales.
Metro de Santiago implementará un plan de mitigación para evitar las vibraciones molestas que acusan sufrir los vecinos de La Reina a causa de la recién inaugurada de la Línea 3.
La estatal envió un oficio el miércoles a la Corte de Apelaciones de Santiago en respuesta al recurso de protección que se tramita en el tribunal de alzada, presentado el 21 de enero pasado -un día antes de la puesta en marcha del recorrido- por un centenar de familias que requieren una orden de no innovar que paralice el tramo entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco hasta que el problema sea solucionado.
En el escrito, de acuerdo con La Tercera, Metro ratificó su compromiso para mitigar las vibraciones, pero a la vez desestimó las acusaciones de los vecinos y negó de plano que las operaciones de la Línea 3 hayan "afectado el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de los recurrentes".
Aseguró que ésta cumple con la normativa vigente ya que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental en 2014 y sostuvo que la operación de cualquier sistema de transporte urbano conlleva determinadas externalidades negativas inevitables: "La convivencia en sociedad implica, necesariamente, el sufrimiento de diversas molestias cotidianas, reflejadas, por ejemplo, en el ruido del transporte colectivo terrestre o del tránsito".
De todos modos, en línea con su compromiso, Metro afirmó que ha abierto "canales de comunicación con los vecinos" y con los municipios, y estudia planes de monitoreo, para "obtener conclusiones que se transformen en directrices para implementar medidas de mitigación especiales, distintas de las ya pactadas con la autoridad ambiental en la RCA, destinadas a mejorar el servicio ofrecido en la actualidad".
Por su parte, el abogado de los vecinos afectados, Juan Enrique Prieto, consideró que en su oficio la empresa reconoció "hechos gravísimos que deben ser reparados (...) para no afectar la vida de decenas de personas".
