El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respondió durante este lunes a la demanda interpuesta por la Conadecus contra Metro de Santiago por una presunta "expropiación encubierta" de los saldos de la tarjeta Bip!, y aclaró que las personas tienen la posibilidad permanente de consultar el periodo de vigencia y de extender la misma.
Las tarjetas tienen dos años de vigencia si no se usan, y pasado ese tiempo, los saldos quedan suspendidos.
La primera respuesta provino desde Metro, que señaló que la empresa sólo administra las Bip! según lo que mandate dicha cartera, y precisó que no es dueña de los fondos.
En tanto, desde el Ministerio explicaron que el hecho de que sean los usuarios quienes deben consultar si su tarjeta está vigente, se debe a que resulta complejo realizar un aviso por parte de las autoridades para renovarla, al tratarse de una tarjeta que no tiene un vínculo con nombre o Rut.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, expuso que "las personas tienen permanentemente la posibilidad de consultar el periodo de vigencia de sus tarjetas y extender esa vigencia" y que pueden traspasar "el saldo remanente a otras formas de pago".
"Desde el origen del sistema en 2005 se estableció una vigencia para las cuotas de transporte en la tarjeta. Una condición que hace difícil o imposible contactar a la persona dueña de la tarjeta, es que ésta es al portador y no nominativa. Los remanentes quedan en cuentas del sistema, esto queda acumulado", complementó.
Adelantó, además, que se está preparando "un cambio sustancial", que reemplazaría a la tarjeta Bip! como es conocida actualmente. "Es una forma de pago múltiple en que se va a cargar a la persona directamente a cuentas propias, entonces ya no va a haber esta situación de la vigencia", apuntó.
Sobre la demanda de la Conadecus, desde el Ministerio aseguraron que no han recibido la notificación, por lo que no tienen detalles específicos de la misma.
CONADECUS: NO PODEMOS DESLINDAR RESPONSABILIDADES
Tras las declaraciones de la autoridad, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, recalcó que "Metro es una empresa del Estado, es el que administra y tiene los recursos de la tarjeta, el Ministerio dicta un decreto y ordena... pero en este caso hay una dependencia directa desde el Ministerio de Transportes para Metro, por lo tanto no podemos separar, deslindar responsabilidades".
Remarcó, asimismo, que "son 18,8 millones de tarjetas que han sido caducadas e inutilizadas, esto equivale a un monto de 23 millones de dólares que han sido expropiados justamente a los usuarios de Metro", lo que -según especificó- fue mayor con la crisis sanitaria: "El año pasado caducaron más de 2 millones 700 mil tarjetas, y hubo una recaudación por efecto de caducidad de más de 3.200 millones, de eso estamos hablando, y se ha ido incrementando por efecto de la pandemia", sostuvo.
"Este monto, que es considerable, se intentó rectificar esta irregularidad. El actual ministro del Trabajo presentó una moción parlamentario para poder que no se extinguieran los fondos y no caducara, y con la tramitación, Metro presionó y logró que hubiera igual una ley que caduca las tarjetas, y ahora en octubre entró en vigencia, pero anteriormente esto estaba en una situación irregular, una expropiación que no tiene justificación alguna", dijo.
CONGRESO REVISARÁ LA LEGISLACIÓN
Desde el Congreso, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja se va a revisar la ley que fue promulgada a mediados de año que extendió la vigencia de las tarjetas de dos a tres años con motivo de la pandemia, pero la situación de los saldos no fue modificada.
El presidente de la instancia, el diputado Iván Flores (DC), acotó que "los fondos son de las personas y no puede ninguna empresa, mucho menos una empresa del Estado, quedárselo si estos no han sido utilizados en un plazo tan breve referido a una condición de pandemia como la que hemos estado viviendo".
"Yo creo que definitivamente hay que revisar esto, una empresa del Estado debe ser autosostenible, porque para ello tiene el respaldo del Estado per sé, pero también tiene recaudaciones que le permiten funcionar, así fue diseñada", agregó.
