Abogado presentó solicitud de quiebra de operador de Transantiago

El abogado Arturo Araya presentó este jueves una solicitud de quiebra de la empresa Gran Santiago, uno de los operadores troncales del sistema de transporte Transantiago, y que tiene a su cargo gran parte del funcionamiento del troncal 3.

Según Araya, "(hay) fundadas razones para darse la situación de cesación de pago, razón por la cual se ha requerido el pronunciamiento judicial", ya que hay 22 mil millones de pesos en no pago de cotizaciones previsionales, sueldos y también deuda a proveedores.

"Cuando se acompañe en el tribunal donde sea distribuido y se acompañe la documentación, específicamente lo que dice relación con los títulos ejecutivos en los cuales consta las obligaciones que no se han pagado, se va a poder advertir la gravedad que realmente esta situación tiene", señaló el jurista.

En tanto, el gerente general de Gran Santiago, Luis Barahona, aseguró que al momento de asumir la dirección de la empresa "la administración anterior había dejado una deuda previsional por 800 millones de pesos", la que fue cancelada a principios de junio por los actuales dueños y agregó que tanto las cotizaciones como los sueldos se encuentran al día.

Será responsabilidad del 13° Juzgado Civil examinar la petición de quiebra, que tendrá la intervención de un síndico respectivo y donde además deberá adjuntarse toda la información que los demandantes poseen en contra de la empresa Gran Santiago.

Además de los troncales 3, Gran Santiago tiene a cargo los alimentadores del sector G, que sirven las comunas de San Bernardo, La Cisterna, San Ramón, La Pintana y El Bosque.

Representantes de los pequeños empresarios que arriendan buses a Jorge Gómez, el actual dueño de Gran Santiago, anunciaron que, con el respaldo de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presentarán una querella criminal en contra de la empresa por giro doloso de cheques y estafa.

El dirigente Fernando Osorio, afirmó que el 99 por ciento de los buses que utiliza el operador son de pequeños empresarios "a los cuales se les deben tres meses de arriendo de los buses, más deudas de TAG, más deudas infraccionales" de partes impagos.

Según el vocero Juan Saldaña, la compañía les debe 2.000 millones de pesos, ya que ha cancelado el arriendo de las máquinas con cheques sin fondos, además de asegurar que las micros están fuera de circulación, pese a que al Ministerio de Transportes les cobran como si estuvieran en las calles.

Saldaña añadió que las micros están sin mantención y dijo que él intentó retirar sus máquinas, pero "él me tiene mis buses cazados porque en el Ministerio aún figuran a nombre de buses Gran Santiago", lo que le impide arrendarlos a otro operador.

A raíz de esto, los dirigentes le solicitaron al ministro René Cortázar fiscalizar con más rigurosidad e intervenir las empresas y, de paso también, cumplir con el ultimátum de caducar contratos a fin de mes.