La ministra de Transportes, Gloria Hutt, reveló que el Gobierno dispuso suma urgencia al proyecto de ley que regula el funcionamiento de las aplicaciones ligadas al transporte como Uber y Cabify tras el último enfrentamiento entre taxistas y choferes de la aplicación, que terminó con un fallecido y amenazas por parte del gremio de transportistas.
La secretaria de Estado dijo a La Tercera que desde el Gobierno "hemos cambiado a urgencia suma, resguardando la posibilidad de que los gremios sean invitados, porque nos parece muy importante que esta discusión tenga lugar en el Congreso".
Ello implica que la discusión debe ser realizada en 15 días, para que el proyecto sea despachado y enviado al Senado.
Entre las medidas establecidas está la formación de un registro que administrará el Ministerio de Transportes sobre los automóviles y los pilotos que ofrecen este servicio, con el fin de que estén identificados, tal como sucede con los taxis.
También se contempla que los conductores cuenten con licencia profesional A1, además de que deberán entregar un certificado de antecedentes penales, consumo de drogas, de alcohol o delitos sexuales, entre otros, con el objetivo de dejar fuera a los que poseen sanciones por mal manejo en las calles.
Igualmente, se plantea que las compañías dedicadas al rubro deberán iniciar actividades en el país y hacerse responsables en caso de accidentes o de calidad del servicio. Con ello, las firmas no podrán argumentar que solo proveen la tecnología y estarán obligadas a contratar seguros para proteger a sus pasajeros.
Por último, la normativa define un esquema de sanciones para empresas y conductores, las que pueden fluctuar entre 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (477 mil pesos a 4,7 millones de pesos) por incumplimientos a la ley.
