"El llamado es a avanzar en mejores herramientas, investigaciones, pero sin amenazas", respondió el subsecretario Juan Francisco Galli.
El gremio agrupado en la Confederación Nacional del Transporte de Carga anunció un paro nacional indefinido a partir del jueves.
Desde el Gobierno llamaron a priorizar el diálogo "sin extorsión" luego del ultimátum entregado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), que anunció una paralización nacional a contar de las 00:00 horas del próximo jueves ante los recientes hechos de violencia en la Región de la Araucanía.
Dos días después del ataque incendiario que dejó herida de gravedad a una niña de 9 años en Collipulli, el gremio dio un plazo de cuatro días al Gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 proyectos de ley en materia de seguridad que "están descansando desde hace muchos años", antes de iniciar la paralización en la fecha señalada que será "indefinida hasta que se aprueben estas leyes".
Respondió este lunes desde La Moneda al emplazamiento el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien instó que "el diálogo siempre debe prevalecer".
"Nosotros tenemos permanente diálogo con las confederaciones de transportistas de carga, incluso yo tengo permanente diálogo con conductores de camiones que sienten la inquietud y la ansiedad de no poder desarrollar de manera tranquilos su trabajo", agregó.
En ese marco, "el llamado es a avanzar en mejores herramientas, investigaciones, pero no sujetos a ningún tipo de amenazas o extorsión", exhortó.
Asimismo, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio advirtió que no están disponibles para presiones indebidas y que como Gobierno van a tomar todas las medidas para hacer valer el Estado de Derecho.
En el oficialismo la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo no compartir la amenaza de la CNTC, pero admitió comprender la situación que afecta a los transportistas.
"A mí no me gusta (el ultimátum), pero lo entiendo, que si queremos poder controlar la violencia tenemos que entregar y tener las herramientas necesarias, y hay alrededor de 13 leyes que están detenidas en el Congreso, y simple y sencillamente la oposición las bloquea porque tienen mayoría", criticó la líder gremialista.
Del mismo sector, el senador Evópoli Felipe Kast afirmó que "no solamente tienen el derecho, sino que la razón de estar indignados con la política y el Estado, y el Congreso sigue indolente sin tramitar la ley de inteligencia, votó en contra de la ley del robo de la madera y ahora espero que no hagamos lo mismo y que tramitemos con urgencia la ley Juan Barrios".
En respuesta el senador del PPD, Jaime Quintana, indicó que el Congreso no es el responsable sino el Gobierno, por lo que señaló que es importante aclarar que ellos tienen las atribuciones para controlar lo que sucede en La Araucanía.
Por su parte, el diputado PPD Ricardo Celis, ex intendente de La Araucanía, cuestionó duramente la amenaza de los camioneros.
"Esto es inaceptable, un paro es algo absolutamente lógico y posible, pero un llamado de esta naturaleza bordea en los hechos sediciosos, y eso debe ser claramente sancionado", alertó.
Desde la Federación de Dueños de Camiones del Sur, su presidente José Villagrán fue más allá este lunes y emplazó al Presidente Sebastián Piñera a decretar estado de excepción constitucional de sitio en región.
"Basta ya", fustigó el dirigente, en alusión a los hechos de violencia: "Y aquí vamos a representar a toda la gente que no tiene voz, este Gobierno está ausente, es cosa que despierte. El Presidente tiene todos los elementos para poder parar todo esto, tiene que decretar estado de sitio para que actúe el Ejército de Chile para que encuentre a los terroristas, encuentre a los delincuentes".
Sin embargo, el apoyo en el rubro no es transveral, así lo dejó claro el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, quien tomó distancia de las declaraciones de Villagrán y las catalogó de "irresponsables".
En tanto, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) anunció un fondo de ayuda para las víctimas de violencia en la zona, en principio de 50 millones de pesos: por ello, su presidente, Ricardo Ariztía, junto al líder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, visitarán esta semana la región.
"Queremos trabajar con el Estado un sistema objetivo de indemnización que se haga realidad. Estamos dispuestos como sector privado a constribuir y entregar alternativas (...) Por lo que hemos decido crear un fondo que vaya en ayuda de estas víctimas inocentes, ayuda de tipo social y educacional, para lo cual ya hemos dispuesto un monto inicial de 50 millones de pesos", anunció Ariztía.
