La Sala del Senado aprobó este martes, por unanimidad, un proyecto que autoriza la investigación judicial del patrimonio de los deudores de pensiones de alimentos, a fin de asegurar el pago oportuno de esta obligación.
La iniciativa -que fusiona una propuesta del Gobierno y de senadoras de distintos partidos políticos- modifica la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y tras su despacho en la Cámara Alta avanzó -con discusión inmediata- a la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto fija carácter imperativo a la exigencia del cumplimiento de la obligación alimenticia: faculta a los tribunales competentes para que, respecto del "alimentante que mantenga una o más pensiones sin pagar, (se) ordene la retención de los fondos que (...) tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, para lo cual resolverá en un plazo de cinco días hábiles".
Para hacer efectivo el cobro, dispone que "una vez decretados los alimentos por resolución firme en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes (...), el tribunal competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor (...), para lo cual deberá revisar las cuentas bancarias, de ahorro previsional voluntario y los instrumentos financieros o de inversión que el alimentante mantenga en las instituciones bancarias y financieras".
Adicionalmente, "en forma extraordinaria, y siempre que hubiere 3 pensiones adeudadas continuas o discontinuas y el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que habiendo fondos éstos sean insuficientes para el pago de la deuda, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte con la AFP" para ejecutar el cobro con cargo a los ahorros previsionales.
Finalmente, establece la inhabilidad de quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (creado en noviembre de 2021), para ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales.
Este texto no inhabilita a los parlamentarios ni el Presidente de la República, pero ello porque dicho punto está contemplado en una reforma constitucional que tendrá el patrocinio del Ejecutivo, según comprometió la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
"PARA QUE NUNCA MÁS UNA MUJER TENGA QUE ANDAR MENDIGANDO"
Durante el debate en la Sala del Senado se destacó el avance hacia un mecanismo permanente, expedito y efectivo que ataca "la violencia económica" que padecen miles de madres y sus hijos e hijas, y que termina con el "peregrinaje" de mujeres que se "convierten en verdaderas investigadoras para perseguir los recursos" de los deudores.
"Me resulta dramáticamente terrible de aceptar que un 84 por ciento de los padres no paguen la pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes. Lo consideramos violencia hacia mujeres y niños, por eso buscamos el mejor instrumento posible que nos permita revertir esta situación (...), pero no podemos desconocer que pudiera darse el caso de deudores que no están en condiciones de pagar", comentó en su intervención la senadora socialista Isabel Allende, una de las impulsoras del proyecto.
"Buscamos que no haya deudores de alimentos a los hijos e hijas, niños y niñas en nuestro país. Sobre todo, cuando hemos sabido que dentro del 84 por ciento de quienes deben alimentos, sobre el 60 por ciento son familias vulnerables, donde, evidentemente, no da lo mismo si estos alimentos llegan o no. Por eso, quiero valorar que una moción que surgió transversalmente desde el Senado ha sido recogida por el Ejecutivo y hayamos trabajado de manera transversal dos poderes de Estado con el objetivo de que terminemos con una violencia económica que sufren miles de mujeres, teniendo que rogar para que los alimentos de sus hijas e hijos lleguen", dijo la RN Paulina Núñez.
"La votación por unanimidad muestra que hay un apoyo transversal, para que nunca más una mujer tenga que andar mendigando alimentos para sus hijos e hijas", agregó Núñez.
"Los retiros de fondos desnudaron un grave y doloroso problema en nuestro país: el incumplimiento generalizado en el pago de la obligación de pensiones de alimentos. Proteger a las madres y a los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad del Estado. Ésta es una ayuda, pero no es una solución definitiva, hay que mejorar los apremios y buscar la creación de un fondo público", reflexionó Yasna Provoste (DC), otra de las impulsoras de la moción.
