Organizaciones de allegados, arrendatarios y campamentos concretaron una cita con autoridades del ministerio por el proyecto de Ley de Integración Social.
Más de 500 personas se congregaron en las afueras del recinto para exigir, entre otros puntos, que se retire la mencionada iniciativa.
Representantes de ocho comités de allegados, arrendatarios y campamentos concretaron este miércoles una reunión con autoridades del Ministerio de Vivienda donde expusieron su rechazo al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración y urbana, mejor conocida como Ley de Integración Social.
Hasta las afueras del edificio del Minvu en el centro de Santiago llegaron más de 500 personas para exigir, entre otros puntos, que se retire la mencionada iniciativa.
Los vecinos pertenecen al Movimiento Solidario Vida Digna, la Coordinadora de Allegados de La Pintana, Pintana Solidaria, el Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, la Federación Nacional de Pobladores, el Movimiento de Pobladores en Lucha, el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor y el Movimiento Territorio y Vivienda.
El proyecto ya ha sido cuestionado, entre otros organismos y expertos, por el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, pues -según el gremio- plantea dos propuestas que van en contra la vivienda digna y dejan la planificación de las ciudades en manos de privados.
El Minvu estableció una nueva política que impulsa la construcción de viviendas para el "Arriendo Protegido". Se trata de propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.
Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.
Organizaciones: "Entrega a la empresa inmobiliaria privada todos los terrenos fiscales"
A juicio de las comunidades, el proyecto de ley de Integración Social "abre los mecanismos para entregar a la empresa inmobiliaria privada todos los terrenos fiscales, para que dichas empresas hagan negocios millonarios con las necesidades habitacionales de las familias chilenas".
"Exigimos el retiro inmediato de la ley que se encuentra en el parlamento y exigimos que ningún terreno fiscal se traspase a las empresas inmobiliarias, sino que se pongan a disposición de las familias sin casa de Chile", explicaron a través de un comunicado.
A las afueras del edificio, los vecinos exhortaron además la creación de un banco de suelos fiscales, garantizar la participación de las organizaciones de pobladores en la gestión y construcción de sus proyectos habitacionales, y el fin de los desalojos de campamentos, con énfasis en lo que ha sucedido en las últimas semanas en Calama.
La manifestación contó con el apoyo de los diputados del Frente Amplio Claudia Mix (Comunes), Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien preside la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara.
A pesar de la gran cantidad de manifestantes que llegaron hasta el ministerio, los vecinos señalaron que las autoridades no se mostraron dispuestas a recibirlos, y fueron los propios diputados quienes ingresaron a pedirle al subsecretario Guillermo Rolando que los recibiera, consiguiendo una reunión con el jefe de gabinete y el encargado de política habitacional del Minvu.
