El jefe municipal de Cerro Navia explicó en Cooperativa el trabajo de coordinación del municipio para llevar a cabo la desocupación del espacio.
Aclaró que solo una familia pasó la noche del jueves al viernes en uno de los dos albergues disponibles.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, se refirió esta mañana al desalojo ocurrido este jueves en la toma 17 de Mayo, ubicada en su comuna, en la que aseguró que se hicieron todas las coordinaciones para llevarla de mejor manera.
El jefe comunal explicó a Cooperativa que la acción se realizó por el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, del 2 de octubre de 2023, respecto a la desocupación del terreno que dio un plazo de 6 meses para que el municipio coordinara el desalojo.
Para ello, precisó que hizo una coordinación con diferentes organos del Estado y pese a que "ahora ,el Ministerio de Vivienda toma mayores resguardos, por los temas que existieron en los últimos tiempos del caso convenios; hizo un gran esfuerzo de convencerse de la necesidad de ayudar a estas familias y evaluó 136 subsidios de arriendo transitorios, durante un año, para que las familias no quedasen en la calle".
La medida, dijo, "ayudó mucho, porque al momento de la desocupación ya la mitad de las familias se había salido. Se le había avisado con tiempo. Había existido estos subsidios que todas las personas que dieron sus datos, sus cuentas bancarias, se le otorgaron estos montos el día viernes", explicó.
Asimismo, aclaró que el municipio habilitó "con apoyo de la sociedad civil": dos albergues proporcionado por fundaciones con "camas nuevas, colchones, comida, calefacción, agua caliente. Puedo decir con la mayor certeza que no hubo ninguna niña, niño o adolescente durmiendo en la calle por el desalojo".
Sin embargo, apuntó que solo una familia pasó la noche del jueves al viernes en los espacios dispuestos.
Respecto a la decisión de la Corte Suprema manifestó que "yo creo que en los próximos fallos tienen que ser más clara también la facultad de coordinación con Carabineros para hacer mucho más expedita esta salida, dejar menos cosas a la interpretación. Nosotros extremamos, no fue fácil convencer a entidades para poner sus espacios para generar albergues".
"Esta toma también había tenido hartas dificultades, había ocurrido homicidios al interior, allanamiento con decomiso de armas y drogas. Estos son casos puntuales, no puedo decir que son todos, pero son casos puntuales y evidentemente había cierta preocupación", apuntó.
"Funcionarios nuestros fueron amenazados de muerte. Entonces, efectivamente, esta situación es bien riesgosa. Es extraordinaria y excepcional, que nadie quisiera vivir, pero cuando la Corte da una sentencia, solo queda ejecutarla", concluyó.
Asimismo, afirmó que ya no existe ninguna familia en el terreno y los dueños realizaron zanjas para prevenir una nueva toma del lugar.
La situación también fue abordada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien afirmó que aunque sin duda "estos procesos son siempre complejos", el Gobierno "tiene que implementar lo que son las órdenes judiciales, como en este caso, que dependen de distintas instituciones".
"Como Ministerio de Desarrollo Social, si bien no tenemos un rol específico, sí nos ponemos a plena disposición de las otras instituciones que participan y que tienen obligaciones respecto de situaciones como estas, como el Ministerio del Interior, como los municipios y, por lo tanto, trabajamos en una mesa técnica con estas distintas instituciones para poder ir apoyando y viendo cuáles son las situaciones sociales más complejas", afirmó la autoridad en entrevista con Cooperativa.
Asimismo, aseguró que entienden que "vivir en un campamento, que vivir en una toma, nadie lo hace por gusto, por tenemos que ir buscando soluciones sociales y ahí el Ministerio colabora".
