La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja despachó este lunes a la Sala el polémico proyecto de ley que sanciona con cárcel la usurpación de propiedades.
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticado por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -en forma armada- tratar de recuperarlo.
El proyecto establece una sanción de tres años de presidio por usurpaciones no violentas y cinco años de usurpaciones que sean violentas.
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN) destacó que legalizar en esta línea "permitiría que las policías puedan ingresar a los terrenos y que los dueños puedan sacar a las personas que están dentro de ellos".
"Eso es lo mínimo que podemos establecer en una sociedad: determinar que las personas puedan defenderse cuando sus terrenos son usurpados de manera ilegal", añadió.
Por su parte, su par de la Región de La Araucanía Andrés Jouannet (Amarrillos) afirmó que con esto no se van a producir enfrentamientos entre civiles, sino "entre civiles y delincuentes cuando el Estado llegó atrasado".
De todos modos, en el oficialismo esperan que en la Sala o en un posible tercer trámite en el Senado, se aplique el criterio de modificar este proyecto para que -advierten- no se transforme en el establecimiento por ley de la autotutela.
A juicio de la diputada Lorena Fries (ind-FA), la iniciativa "llega a poner el derecho a la propiedad -que es un derecho humano- por sobre el derecho a la vida de las personas, criminalizando la pobreza y pudiendo ser (los usurpadores) víctimas de esta autotutela. Es muy grave, hay que parar este proyecto".
CRÍTICAS DE TECHO
Si bien Isidora García, jefa de incidencia de la fundación TECHO-Chile, resaltó que la propuesta "hace excepciones para las familias que habiten campamentos que estén contabilizados dentro del catastro nacional de 2022", consideró que aquel "es un criterio insuficiente".
"Un catastro es una foto del momento, y los campamentos son una realidad completamente dinámica y cambiante, de la que en realidad no se ha podido hacer cargo ningún instrumento de ese tipo", advirtió.
