El senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, cuestionó el veto presidencial que se ingresó a la Ley de Usurpaciones, asegurando que las modificaciones planteadas "desnaturalizan" el proyecto y marcan un antes y un después en la relación con el Gobierno, ya que otra vez "se ponen del lado de los delincuentes".
Según explicó La Moneda la noche del viernes, el veto no es a la ley completa, sino que contiene 10 observaciones de fondo y cuatro de carácter formal. Con éstas, se mantiene el delito de usurpación, pero se fija pena de cárcel sólo para las ocupaciones violentas y con daños materiales.
En cuanto a las usurpaciones sin violencia, el Congreso había aprobado una pena de hasta tres años de presidio, lo que el Gobierno decidió vetar y dejar a criterio del juez si aplica una multa o una pena de presidio de hasta 540 días.
Por otro lado, se elimina la autotutela; es decir, se suprime la legítima defensa privilegiada, que permitía restituir el bien tomado por mano propia.
Frente a estos anuncios, Kast -según consignó La Tercera- acusó que "una vez más el Presidente Boric junto a la ministra Tohá se ponen del lado de los delincuentes (...) Ellos quisieron pasar la máquina, la aplanadora y desnaturalizaron el corazón del proyecto, entonces claramente no se podría buscar un acuerdo".
En opinión del parlamentario, que lidera la comisión de Seguridad del Senado, el veto presidencial "marca un antes y un después en las discusiones que voy a tener yo en la comisión de Seguridad del Senado con el gobierno".
"Claramente el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", afirmó el senador por La Araucanía respecto a la agenda de seguridad que se está avanzando en el Congreso.
En un tono crítico similar, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, lamentó que el Gobierno "haya decidido ponerse de lado a los usurpadores, creo que tuvo una oportunidad de dar una señal a quienes son víctimas de las tomas de terreno", pero no se hizo.
"No puede calificarse una toma de un terreno como algo pacífico o violento, siempre son violentas, más allá de que se haga sin la fuerza o entrando en la noche, sin que nadie se dé cuenta. Las tomas de terreno son un acto violento, y lo que estábamos buscando desde el Parlamento -y logramos la mayoría para eso- es que se vayan presas las personas que cometen estos delitos", explicó el parlamentario.
Ante esto, cuestionó que el Ejecutivo con el veto "está de alguna manera dando vuelta esa decisión democrática que tomó el Congreso".
Desde la oposición señalan que el veto presidencial es antidemocrático porque contraviene lo ya estipulado por el Congreso.
Para frenarlo es necesario un apoyo de dos tercios de los parlamentarios, un quórum bastante alto, por lo que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), estaría en conversaciones con su equipo jurídico para recalificar el veto y también cambiar los quórums.
GOBIERNO DEFIENDE LA MEDIDA
Por su parte, la ministra vocera, Camila Vallejo, defendió este bullado veto presidencial, destacando su importancia sobre todo en cuanto a la "justicia por las propias manos".
"El problema que se generó en la discusión legislativa -que lo advertimos con la ministra del Interior desde el primer momento-, es que se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos", analizó la autoridad.
En esta línea, Vallejo afirmó que en el país existe "un Estado de derecho y la gracia de esto es que cuando tú eres víctima de un delito, tienes tu legítima defensa y eso está considerado hoy día, pero finalmente son las policías las que tienen que actuar".
"La Justicia es la que tiene que revisar las pruebas y determinar la responsabilidad, no son los ciudadanos de a pie. Lo que hacía la legítima defensa privilegiada era permitir responder frente a este delito con el uso de armas con terceros y eso iba a generar o iba habilitar legalmente la confrontación violenta entre civiles", añadió la ministra.
Por lo tanto, advirtió -según indicó el medio antes citado- que la otra preocupación del Gobierno es que la ley "no era proporcional" frente a los diferentes casos: "Tomarse un establecimiento transitoriamente, por un par de horas, iba a ser considerado como un delito con pena de cárcel, al igual que las usurpaciones permanentes y violentas", puntualizó.
En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), indicó que "el ánimo en el Congreso yo creo que va a estar desordenado, por decirlo de alguna manera; hay posiciones muy encontradas, hemos visto que el veto ha provocado reacciones en la oposición de manera muy importante. Yo creo que va a ser una discusión acalorada. Respecto de lo que significa la usurpación en cualquiera de sus formas, yo creo que eso es por naturaleza violenta, aunque a mí me digan que a un predio se entró de manera pacífica y sin la oposición de sus dueños, tomarse un predio es una medida violenta".
DEFENSA DEL OFICIALISMO AL VETO
La medida del Gobierno fue defendida por la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien explicó que la Ley de Usurpaciones "tiene un espíritu que es facilitar la acción judicial para que se puedan devolver los terrenos".
"Recalco la palabra judicial, porque cuando estamos abriéndole la puerta a que sean los propios privados, los dueños de los terrenos, los que vayan a hacer justicia por propia mano, eso se llama autotutela y eso no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico ni en ningún otro ordenamiento jurídico. Por eso nosotros no estamos de acuerdo", destacó la senadora.
Según dio cuenta la parlamentaria, "el espíritu de la ley siempre fue facilitar la acción judicial y también entender que se trata de un delito permanente, ¿Con qué efecto? Con que las policías puedan estar y entrar en cualquier momento a hacer gestiones y diligencias tendientes a recuperar el terreno".
Finalmente, indicó que "lo que se discutió en su momento aquí es que la violencia que se ejerce contra las personas es distinto de la situación de alguien que entra a un predio que no está demarcado o que solo hace ingreso, que evidentemente constituye un delito en sí mismo, pero que la pena agravada debe constituirla, la diferencia es la violencia. Por lo tanto, esta discusión a mí me parece que no corresponde, porque efectivamente se ha discutido siempre esto entre la usurpación violencia y la no violenta".
