El alcalde de Coronel, Leonidas Romero, llegó hasta la Contraloría Regional del Biobío para solicitar que se investiguen las responsabilidades al interior del Serviu regional, debido a la determinación de demoler 509 viviendas sociales.
Estos inmuebles del conjunto Paso Seco fueron entregados en 2012 a sus propietarios y, tras los informes técnicos elaborados por los profesionales del Serviu, se llegó a la conclusión de que la opción más eficiente es demolerlas, lo que significará reconstruir 509 casas, pagar subsidios de arriendo a los afectados y una inversión de 8.000 millones de pesos.
A su vez, la máxima autoridad comunal cuestionó el informe del organismo, pero se desmarcó al ser consultado sobre su responsabilidad al momento de recepcionar las obras.
"El mandante es el Ministerio de Obras Públicas, el hito es un funcionario del Serviu. Quien recepciona no solamente la construcción de las casas, la urbanización, las calles, agua potable, alcantarillado es el Serviu. Cuando el Serviu da su visto bueno, nos informan a nosotros y los municipios están obligados sí o sí a recepcionarlo", explicó Romero.
Aún no está definida la fecha en que comenzará este inédito proceso de derribar estas casas prácticamente nuevas, pero mal construidas, aunque se estima que sea a mediados de marzo.
No se han definido responsabilidades respecto a este tema.