Desde el colectivo "Movimiento por la Rotonda Atenas" afirmaron que el dinero se puede usar en la construcción de áreas verdes.
Además señalaron que el proyecto era inviable.
Vecinos de Las Condes, agrupados en el Movimiento por la Rotonda Atenas, volvieron a protestar en contra de la propuesta de viviendas sociales impulsada por el alcalde de la misma comuna, Joaquín Lavín, y señalaron que van a "tomar todas las acciones legales destinadas a proteger nuestros derechos y nuestro patrimonio.
A través de la lectura de un comunicado, el colectivo aseguró que la creación de viviendas sociales en la comuna, los iba a llevar a pagar contribuciones, debido a que las características del inmueble correspondían a viviendas económicas.
"El Alcalde presentó a toda la comunidad la maqueta del proyecto. El nombre de viviendas sociales no corresponde a la definición que da el Artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, ya que sus características son equivalentes a viviendas económicas, del tipo DFL2. Llevándolos así a pagar Contribuciones", señaló la agrupación.
Además los vecinos consignaron que hubo irregularidades en la selección del contratista, aseverando que "se aprobó el pago de 46 millones de pesos al señor Hugo Miranda por el anteproyecto de especialidades. El concejo fue informado que el señor Miranda era un contratista top. Sin embargo, en la página 'Chile Compra' el señor Miranda tiene varios reclamos por desempeño profesional".
"Se opta favorecer a 30 familias vulnerables"
En la misma línea, el colectivo aseguró que con el mismo dinero se pueden realizar diversas construcciones, prevaleciendo la generación de áreas verdes y espacios públicos.
"Según el concejal Carlos Larraín el costo del proyecto es de 10.200 millones más el valor del terreno. Con este mismo monto se puede construir 800 departamentos como Las Condesas 6,7,8 y 9, con excelentes resultados y con áreas verdes canchas y espacios públicos. Sin embargo, se opta por favorecer sólo a 30 familias vulnerables", lamentaron.
"Estamos de acuerdo que los municipios asociados al SERVIU construyan viviendas sociales integradoras, pero en sectores no densamente poblados y como Movimiento vamos a tomar todas las acciones legales destinadas a proteger nuestros derechos y nuestro patrimonio. Ojala el alcalde y el concejo evalué el alto costo de construir para 30 familias vulnerables en vez de 800 familias", concluyó el comunicado.
