Suprema argentina ordenó reabrir investigación por atentado a la AMIA
Pericias buscarán establecer la "conexión local" del ataque, que cobró 85 vidas en 1994.
La Corte Suprema de Argentina ordenó este miércoles la reapertura de parte de la investigación por el atentado que en 1994 destruyó la sede de una mutualista judía de Buenos Aires, con un resultado de 85 muertos, informaron fuentes judiciales.
La decisión del máximo tribunal del país, adoptada por mayoría, permitirá continuar con las pesquisas acerca de la "conexión local" del ataque perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), indicaron las fuentes.
La Corte convalidó parte de la investigación que el ex juez Juan José Galeano, quien dirigió diez años la pesquisa sobre la "conexión local" del atentado, hasta que fue destituido por "mal desempeño de sus funciones", en 2005.
En este sentido, el tribunal supremo ordenó el "mayor esfuerzo" para "arribar a la verdad material" del ataque terrorista.
Con su resolución, los jueces supremos aceptaron los recursos extraordinarios presentados por la Fiscalía y familiares de las víctimas del atentado contra un fallo de la Cámara de Casación que había declarado nula toda la investigación de Galeano.
La Corte consideró al respecto que no se puede confirmar la nulidad de toda la pesquisa, "sino solo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación" del juez destituido.
Detenidos y absueltos
Apenas cometido el ataque, la causa quedó en manos de Galeano, quien apuntó la mira hacia el entonces embajador de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, y el agregado cultural de esa sede diplomática Moshen Rabbani.
También fue detenido el revendedor de autos argentino Carlos Telleldín, acusado de comercializar la camioneta que fue utilizada como carro bomba en el ataque, perpetrado el 18 de julio de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).
En 1997 apareció un video que mostraba a Telleldín negociando con Galeano el pago de 400.000 dólares, aportados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicios secretos), para que el revendedor incriminara a policías en el atentado.
En 2004, 22 personas acusadas de complicidad con los terroristas, la mayoría ex policías, fueron absueltos por falta de pruebas tras casi tres años de juicio oral.