Argentina y Uruguay se enfrentan por obras en canal Martín García
El conflicto será abordado este martes en la cumbre del Mercosur por Cristina Fernández y José Mujica.
Montevideo acusa irregularidades en los contratos para los trabajos en el lugar.
Las supuestas irregularidades en un contrato para obras en el canal Martín García, que administran Argentina y Uruguay, motivaron nuevas tensiones entre ambos países, alimentadas por acusaciones cruzadas y sospechas de sobornos para favorecer a una compañía holandesa.
El litigio, que escaló en los últimos días, será abordado por los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica, respectivamente, quienes coincidirán este martes en la cumbre del Mercosur que se celebrará en Brasilia para oficializar el ingreso de Venezuela al bloque.
"Voy a hablar con Cristina, pero todavía no sé cuando", anticipó este domingo Mujica, quien espera "conversar directamente" para evitar nuevos intercambios de comunicados entre ambos países.
"No es saludable que los cancilleres estén contestándose por medio de la prensa", afirmó el mandatario uruguayo en declaraciones exclusivas que publicó el diario La República.
La última nota oficial fue divulgada por la cancillería argentina, que dijo no haber "logrado la colaboración" de Uruguay para hallar a los responsables de las supuestas irregularidades en el contrato de la holandesa Riovía para obras en el canal, en el fronterizo Río de La Plata.
El gobierno de Fernández advirtió además sobre la existencia de "una campaña mediática en Uruguay" centrada en "supuestos intentos de sobornos" al embajador uruguayo Francisco Bustillo, miembro de la Comisión Administradora del Río del Plata (CARP), para favorecer a Riovía.
"Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo", sostuvo el Gobierno de Argentina, que aseguró que Uruguay solicitó en diciembre de 2010 "analizar la contratación directa de Riovía para el dragado y profundización del canal", postura "que reiteró en una reunión de marzo de 2011", indicó.
De esta manera, Argentina buscó desligarse del contenido de un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay, que sostiene que el Gobierno de Fernández demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de unos 15 millones de dólares con la firma holandesa para obras de dragado, detallaron medios locales.