Jóvenes ilegales presentaron unas 80 mil solicitudes para aplazar deportación de EE.UU.
La medida conocida como "acción diferida" permite postergar por dos años la salida del país.
Es necesario acreditar estudios y no tener antecedentes penales, entre otros requisitos.
Unos 80.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos han presentado su solicitud para recibir el alivio migratorio conocido por "acción diferida", que permite postergar por dos años su deportación, según informó la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El d
irector de esa entidad, Alejandro Mayorkas, explicó que la cifra se contabiliza desde agosto, cuando se abrió el plazo para acogerse a la suspensión temporal de su deportación, como contempla una directriz emitida por el Gobierno el pasado 15 de junio.
Mayorkas se declaró satisfecho por el volumen "totalmente significativo" de peticiones y dijo que están "increíblemente orgullosos" de sus "esfuerzos para coordinar este programa", una fórmula temporal para regularizar la situación de jóvenes estudiantes que llegaron indocumentados al país cuando eran menores de edad.
"No es menor de lo esperado", dijo Mayorkas, contradiciendo así a miembros de la comunidad extranjera, reunidos estos días en Maryland, que aseguran que menos jóvenes de los esperados han presentado sus solicitudes.
La cifra podría ser más alta, pero algunos expertos apuntan a que algunos estudiantes les faltan documentos requeridos, tienen miedo a dar información a las autoridades o están a la expectativa del resultado electoral de noviembre y de cómo afectará a la medida.
Requisitos
Para recibir este beneficio, los jóvenes deben demostrar mediante documentación que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz (el 15 junio de 2012), que entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, que llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.
Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos, además de someterse a una extensa revisión de antecedentes penales.