Ex director del INE: Comisión de expertos debe evaluar el censo
Máximo Aguilera dijo en Cooperativa que las irregularidades detectadas son "muy graves".
El experto en políticas públicas dirigió el censo de 2002.
El ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y experto en políticas públicas Máximo Aguilera recomendó que el problema generado por las acusaciones de irregularidades en el Censo 2012 debe ser evaluado por una comisión de expertos para definir hasta dónde sirven las cifras recogidas.
Este viernes renunció el director de ese organismo, Francisco Labbé, luego de las denuncias de manipulación de las cifras del Censo 2012 y otras que se refieren al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
"Es una crisis de gran magnitud. Va más allá del Censo porque un cuestionamiento de este tipo al Censo realizado por sus propios funcionarios, unido a los temas recientes del IPC cuestionan la función esencial del instituto que es generar credibilidad, dar fe pública de los datos esenciales que afectan a millones de chilenos cotidianamente. De verdad es muy grave", opinó Aguilera.
El hombre que dirigió el INE durante el proceso de Censo del 2002 dijo que la solución es compleja: "Primero hay que instalar una comisión de expertos que evalúe lo que hay y que vea cuáles son los datos efectivamente censados, separe lo que se ingresó ya sea mediante imputación o simplemente ingresando mayor población, de acuerdo a lo que informa (la asesora) Mariana Alcérreca que estuvo en todo aquello".
"Los recursos involucrados en el censo son de gran magnitud, entre tres y cinco veces lo que costó el censo anterior. Hay experiencias en América Latina que indican que es posible hacer una evaluación y a partir de ello tomar buenas decisiones, como ocurrió en Colombia. Para algunas variables era posible usar los datos del censo y para otras no", detalló.
"A priori no podría decir qué va a ocurrir. Tenemos que separar. Hay 15,8 millones de personas que fueron censadas efectivamente. A los 16,6 millones reportados hay una diferencia. Probablemente las variables demográficas pudieran ser proyectados y estimados adecuadamente. El resto de la información probablemente va a dar más dificultad", agregó Aguilera.
Solucionar este problema "es urgente no solo por el censo, sino por la fe pública depositada en el INE. El Gobierno debe resolver con urgencia para no perder esa fe pública".