Unión Europea implementa nuevo sistema de control fronterizo
El sistema Eurosur tendrá como principales tareas la lucha contra la inmigración clandestina y el crimen organizado.
Pese a las expectativas, el portavoz de la Comunidad Europea no pudo garantizar que tragedias como la ocurrida en Lampedusa puedan repetirse.
Eurosur enfatizará esfuerzos contra la inmigración ilegal y crimen organizado.
Con un costo que ascenderá a los 244 millones de euros entre 2014 y 2020, la Unión Europea comenzó la puesta en marcha en 18 países del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), buscando coordinar de mejor manera la respuesta de las fuerzas de seguridad ante fenómenos como la inmigración irregular y la criminalidad organizada.
De acuerdo al portavoz de Interior de la Comunidad Europea, Michele Cercone, "Eurosur es un sistema que sirve para compartir información en tiempo real sobre lo que ocurre en las fronteras con el resto de cuerpos de seguridad de los Estados participantes", explicando que "con esta nueva herramienta podremos identificar mejor los riesgos que hay en las fronteras".
Cercone recordó que "compartir la información es una obligación legal de los Estados participantes" y consultado sobre la injerencia del nuevo sistema para detectar embarcaciones de inmigrantes en peligro que intenten llegar a las costas europeas y asistirlas según los requerimientos internacionales en materia de derechos humanos, el personero no pudo garantizar que tragedias como la de Lampedusa en Italia, donde fallecieron 300 ilegales, puedan evitarse.
"Esto incluye el principio de 'no devolución'", sostuvo el portavoz priorizando las virtudes del nuevo mecanismo de vigilancia fronteriza que también asumirá también atribuciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas mediante la coordinación entre la Agencia de Control de Fronteras (Frontex) y los distintos puestos de vigilancia nacionales.
Se espera que Eurosur, que involucra 244 millones de euros entre 2014 y 2020, vaya incorporando en su actuar al resto de los países de la UE en el plazo de un año según los plazos establecidos por la Comisión.