Embargan preventivamente varias cuentas de la embajada argentina en Bélgica
Esto en virtud de un fallo favorable en Estados Unidos para cobrar íntegramente deuda argentina en mora desde 2001.
"Hay un embargo preventivo de parte de un agente judicial belga", dijo embajador belga en Buenos Aires.
"No es la primera vez que esto sucede", sostuvo el embajador belga en Buenos Aires.
Varias cuentas de la embajada argentina en Bélgica fueron embargadas preventivamente a petición del fondo especulativo NML en virtud de un fallo favorable en Estados Unidos para cobrar íntegramente deuda argentina en mora desde 2001, informaron este jueves fuentes diplomáticas.
"Hay un embargo preventivo de parte de un agente judicial belga a pedido de una empresa extranjera y de una corte extranjera", confirmó a EFE el embajador belga en Buenos Aires, Patrick Renault, después de que medios locales difundieran que NML solicitó el bloqueo de las cuentas.
El embajador aclaró que una vez que la Justicia belga reciba una petición formal del fondo de inversión para embargar las cuentas deberá decidir si la acepta o no.
"No es la primera vez que esto sucede -señaló Renault-, ocurrió otras dos veces en los últimos diez años. Cada vez, la decisión de la Corte Suprema fue no aceptar (el embargo) por la Convención de Viena (sobre Relaciones Diplomáticas de 1961)".
En 2012, también por iniciativa del fondo NML Capital, la fragata escuela argentina "Libertad" fue inmovilizada durante más de dos meses en un puerto de Ghana, hasta que el Tribunal Internacional del Mar ordenó su liberación por considerar que el derecho internacional otorga inmunidad a los buques militares.
NML Capital y otros fondos especulativos obtuvieron el año pasado un fallo firme en la Justicia estadounidense que condenó al Estado argentino a pagar 1.300 millones de dólares, más intereses, por títulos de deuda en mora desde 2001, cuando Argentina declaró el cese de pagos en medio de una grave crisis económica y social.
Los demandantes rechazaron ingresar a los canjes de deuda de 2005 y 2010, a diferencia del 93 por ciento de los acreedores, que aceptaron fuertes quitas.
El ejecutivo presidido por Cristina Fernández rechaza acatar la sentencia, lo que ha llevado a una suspensión de pagos parcial y a ser declarado en desacato por el tribunal del juez neoyorquino Thomas Griesa.