Caso quemados: Seis militares (r) serán procesados como autores y uno como cómplice
Los ex uniformados serán acusados por el delito de homicidio calificado.
Así lo confirmó esta mañana el ministro en visita Mario Carroza.
Julio Castañer es sindicado por el ex conscripto Fernando Guzmán como el autor material del ataque contra Carmen Quintana y Rodrigo Rojas.
El ministro en visita Mario Carroza decidió procesar a seis militares en retiro en calidad de autores de homicidio calificado, y a uno en calidad de cómplice, por su responsabilidad en el ataque perpetrado en 1986 contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, quienes fueron quemados vivos en la Población Nogales de Estación Central.
Carroza ordenó esta semana la detención de los siete ex uniformados: Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo, a partir de la declaración de un ex conscripto, Fernando Guzmán, que luego de casi tres décadas decidió romper el pacto de silencio y declarar.
"Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice. Los seis autores serían los oficiales y los suboficiales que comandaban las patrullas, y un conductor del camión, el señor Hernández, que hoy en día llegó a declarar desde Valdivia, estaría en calidad de cómplice", explicó Carroza.
"Hay información, hay antecedentes, datos que permiten, en este caso, poder procesarlos por homicidio calificado en el caso de (Rodrigo) Rojas de Negri, y por Carmen Gloria Quintana homicidio también calificado, pero en grado de frustrado", detalló.
"Los antecedentes que permiten tomar este tipo de decisión están consignados en una resolución que después se difundirá", añadió el magistrado, quien confirmó que próximamente habrá más interrogatorios relacionados con esta causa.
En el programa "En la mira" de Chilevisión el ex conscripto Guzmán responsabilizó abiertamente a Julio Ernesto Castañer González, teniente de Ejército en 1986, como autor material del ataque incendiario que mató a Rodrigo Rojas y dejó gravemente herida a Carmen Quintana, entonces de 19 y 18 años respectivamente.
Desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior apoyaron la decisión de Carroza. Su jefe jurídico, Rodrigo Lledó, indicó que los militares cambiaron sus versiones en los recientes interrogatorios, en comparación con lo que pasó en 1986.
"Todos reconocen haberlos ido a tirar a Quilicura, todos reconocen aquello. Eso es tremendamente relevante para nosotros, porque el homicidio se consuma en ese momento. Incluso si ellos se hubiesen incendiado accidentalmente -lo que no fue así-, pero incluso en ese evento, el homicidio se consuma en el momento en que los fueron a tirar a un lugar donde se sabe que no van a tener ningún tipo de protección ni de asistencias ante las graves quemaduras que presentaban", dijo el abogado.
"Hay que degradar absolutamente a todos"
En tanto, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, se reunió hoy con el ministro Carroza y, junto con destacar los avances de la Justicia a 29 años del caso, emplazó al Gobierno y a la Presidenta Bachelet a degradar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
"Tienen que degradarse todos los militares. Ella está al mando de todas las Fuerzas Armadas y tiene que degradar absolutamente a todos, a todos", dijo De Negri.
"Aquí no es cosa de que, porque a mí me torturaron pero ahora soy Presidenta, no tengo ese compromiso, no. Yo le pido a ella que mantenga su compromiso: el mismo compromiso que tenía cuando estaba conmigo en la Posta Central y me llevó para que viera a Rodrigo y me asegurara de que no se lo habían robado", señaló la mujer.
Por su parte, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió a los "pactos de silencio" y explicó que "ese es un tema institucional de las Fuerzas Armadas y de las personas involucradas en estos hechos".
"Los tribunales de justicia con prescindencia de esa situación sólo están llamados a resolver esos conflictos, no es un tema que le corresponda a la Suprema. Por supuesto, ayudaría mucho en el esclarecimiento de los sucesos pero no es un tema que le corresponda exigir al poder judicial", puntualizó.
Los siete procesados se mantendrán detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén a la espera de eventuales apelaciones para lograr su libertad.