Macri ordenó revisar los contratos de funcionarios de los últimos tres años

El presidente argentino, Mauricio Macri, ordenó mediante un decreto revisar la legalidad de las contrataciones de empleados públicos hechas en los últimos tres años, durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015).

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, hace hincapié en el "excepcional número de concursos" convocados durante los últimos tres años y en la necesidad de verificar que esos nombramientos hayan sido realizados "conforme a derecho y respondan a necesidades genuinas de gestión".

"Es vocación de este Gobierno Nacional propiciar la transparencia de gestión, como así también ponderar la idoneidad de los recursos humanos existentes", indica el texto legal.

La revisión que deben realizar los ministros y los secretarios de la Presidencia, así como las autoridades de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, abarca tanto las contrataciones hechas en el pasado reciente como las que están en proceso de aprobación.

Las selecciones de personal en trámite deberán ser analizadas en un plazo que no sobrepase los seis meses, en función de si los aspirantes cumplen con los requisitos necesarios para cada puesto.

En el caso de los contratos firmados durante los últimos tres años, los responsables de cada departamento tendrán un plazo de tres meses para comprobar "el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados" por los cargos designados en ese periodo de tiempo.

El decreto establece que debe darse prioridad al análisis de las contrataciones aprobadas en el último año.

Según el texto, si se detectaran irregularidades en el proceso de contratación, se podrá aplicar la revocación de dichas designaciones públicas, en base a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

Este lunes el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que se van a evaluar 64.000 contratos temporales firmados durante el kirchnerismo.

La medida contó con un rechazo inmediato por parte de los sindicatos mayoritarios del sector, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocaron para este martes un paro en señal de protesta.