Ex trabajadores de mina Santa Ana protestan por segunda vez en el yacimiento

Por segunda vez en seis meses, los ex trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue, Región del Biobío, descendieron al interior del yacimiento para denunciar el retraso en el pago de los beneficios que están recibiendo desde que cerró el mineral.

Son 29 ex trabajadores los que bajaron hasta 630 metros de profundidad en uno de los piques, para denunciar el no pago desde el 15 de febrero pasado, es decir, un retraso de ocho días.

El seremi de Gobierno del Biobío, Enrique Inostroza, comentó que "el cambio de fecha de pago había sido informado y aceptado por los trabajadores durante el mes de enero, por lo tanto, no hay ninguna situación que amerite una medida que pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas".

"Hacemos un llamado a que los trabajadores terminen con esta medida de presión y manifestamos nuestra voluntad a dialogar sobre cualquier tema que éste u otro grupo de trabajadores pueda tener sobre alguna situación que les aqueje", añadió la autoridad, quien aseguró que de aquí a fin de mes se le va a cancelar lo que se les debe a los ex mineros.

En agosto de 2015, 72 ex mineros se atrincheraron a 900 metros de profundidad para protestar por el no pago de sueldos e imposiciones y 14 días después depusieron la medida de presión tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, que intercedió en el conflicto, para ofrecerles ayudas sociales y capacitaciones.

En tanto, el senador Alejandro Navarro, que actuó como mediador en el primer conflicto, afirmó que "les planteé que bajar a la mina no iba a contribuir a buscar una solución inmediata, pero es una medida desesperada, yo la comprendo, pero no lo comparto, y espero que se tomen las medidas de seguridad".

"Es una forma de presionar en la desesperación de esos mineros y sus familias, por cuanto está claro que ellos no quieren que les regalen 400 mil pesos mensuales, que es el subsidio de hoy, ellos quieren producir carbón, quieren dignidad", agregó el parlamentario.

"Es una irresponsabilidad del Gobierno no cumplir"

Mientras que Pascual Sagredo, uno de los dirigentes que ha estado coordinado la situación desde la superficie, conversó con Cooperativa y llamó a las autoridades a no jugar con el "estómago de las familias".

"Nosotros hacemos un llamado al Gobierno a cumplir los acuerdos con los trabajadores, a no seguirse burlando más de la gente y, en forma especial, al intendente de la Región del Biobío que se haga responsable de los dichos de sus funcionarios de la Seremi", manifestó.

Sostuvo que "es una irresponsabilidad hoy de parte del Gobierno no cumplir, es una irresponsabilidad jugar con los trabajadores, jugar con el estómago de las familias".

Hasta el momento, las conversaciones no han derivado en ningún tipo de acuerdo y los trabajadores están pidiendo una reunión con el Ministerio del Interior para destrabar el conflicto.

Todo esto ocurre mientras se espera un segundo remate del yacimiento, luego que no existieran ofertas por 1.000 millones de pesos en la primera instancia, por lo que el monto mínimo de postura ahora es de 500 millones para finiquitar las deudas con los trabajadores.