Contraloría objetó compraventa de un terreno del papá de Gabriel Boric
La propiedad, ubicada en Punta Arenas, fue adquirida en forma directa por el Serviu por 46 veces su avalúo fiscal.
El diputado negó estar involucrado en el tema y que en éste haya existido "tráfico de influencias" de su parte.
Boric acusó que "varios medios de comunicación" han "insinuando una suerte de 'Caval magallánico' en curso".
La Contraloría Regional de Magallanes cuestionó la compraventa de un terreno en Punta Arenas que fue adquirido por el Serviu por 44.226 UF (más de 1.130 millones de pesos), pese a que su tasación fiscal es de sólo 3,277 millones.
El terreno hasta el año 2004 tenía un uso agrícola, pero luego pasó a ser suelo residencial, lo que multiplicó su valor, y era propiedad de Julio López, Patricia Büchner (esposa del diputado DC Juan Morano) y Luis Boric, padre del diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric.
Según un dictamen de la Contraloría, del que dio cuenta el sitio web El Líbero, no corresponde la compra directa de un funcionario del Serviu saltándose el proceso de licitación, como ocurrió en este caso. De haberse justificado el procedimiento, ello debía ser acompañando de documentos que así lo avalaran.
"Los contratos administrativos -entre ellos el de compraventa de inmuebles-, se celebrarán bajo la modalidad de propuesta pública, en conformidad a la ley, sin prejuicio de recurrir a la licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga, y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación lo demande, requiriéndose asimismo una comprobación efectiva y documentada de las razones que motivan la procedencia del trato directo", dijo la Contraloría.
En dicho sentido, el organismo acusó "inconsistencias en cuanto al valor determinado por metro cuadrado del inmueble en análisis, dado que, como el caso, respecto a un predio aledaño y de similares características, la tasación hecha por el propio servicio el año 2014 presenta un precio inferior".
"Para determinar el precio de los inmuebles privados que la administración desee adquirir es necesario que la autoridad disponga de la suficiente información que le permita pagar su justo valor comercial", agrega el escrito.
Respuesta del diputado
Frente a esta resolución de la Contraloría, y como ya lo había hecho en noviembre, cuando se conoció originalmente las noticia, el diputado Gabriel Boric publicó en su blog una misiva en la que marcó distancia con el proceso y descartó cualquier eventual tráfico de influencias.
"El terreno fue comprado un año antes que yo naciera (1985), y su cambio de uso de suelo fue realizado, en atención al crecimiento de la ciudad el año 2004 (19 años después), cuando yo cursaba 1er año en la Universidad", aclaró el parlamentario.
En tanto, "su compraventa fue solicitada por el Serviu a los dueños con el objetivo de construir viviendas sociales, lo que fue analizado en sesiones públicas del Consejo Regional de Magallanes en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE)".
"Afirmo que jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión", afirmó el ex presidente de la FECh, que acusó a "varios medios de comunicación" de haber "insinuando desde un supuesto tráfico de influencias, hasta una suerte de 'Caval magallánico' en curso".
"Ante la resolución de Contraloría, corresponde que tanto el Serviu como los vendedores (entre ellos mi padre), solucionen las objeciones que el organismo contralor ha planteado, o bien, de no ser ello posible, desistan de la compraventa en cuestión", sentenció el líder de la Izquierda Autónoma.