Abogada del fiscal Arias: Es evidente que hubo corrupción en origen de Ley de Pesca

Marisa Navarrete, abogada del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, afirmó en El Diario de Cooperativa que es "evidente" que hay corrupción en el origen de la Ley de Pesca, pues ya hay dos personas formalizadas en el marco del caso Corpesca.

"Lo que hace él es constatar una duda que existe y señalar que la está investigando", afirmó sobre los dichos de Arias a un diario donde él aseguró que la Ley de Pesca tuvo un origen "corrupto", lo que llevó a que fuera removido del caso Corpesca por orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, y se iniciara un sumario en su contra.

La también pareja de Arias aseguró que "evidentemente aquí lo que pasa cuando se manifiesta una opinión como que hay una corrupción en el origen de la Ley de Pesca, eso es evidente, es un hecho constatado en el momento que ya dos personas han sido formalizadas y los propios tribunales han establecido que hay antecedentes suficientes para configurar un delito de cohecho".

"En definitiva, eso es corrupción. En los delitos de cohecho claramente hay corrupción, por lo tanto, yo no entiendo de qué manera podría ser eso una opinión subjetiva si está constatado en los hechos", expresó, pese a que los juicios aún no han terminado y no hay ningún condenado por el caso Corpesca.

Arias presentó el lunes un recurso de protección contra la "arbitraria e ilegal" decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de sacarlo del caso Corpesca; acción que ayer martes fue desestimada por la Corte de Apelaciones, pero que será impugnada.

En caso que nuevamente les vaya mal, no descartaron recurrir a la Corte Suprema, ante lo que la abogada Navarrete sostuvo que "cuando se señala que aquí lo que hay es una crisis institucional del Ministerio Público, que el fiscal Arias quiere desafiar a su jefe, eso no es efectivo".

"Lo que está haciendo el fiscal Arias es ejercer un derecho legítimo de defensa y eso es garantía de transparencia", dijo.

Sobre la continuidad de Arias en el cargo, sostuvo que "él tiene inamovilidad por ocho años. Solo puede ser destituido por la Corte Suprema a solicitud del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o del propio fiscal nacional".

"Hoy estamos ejerciendo un derecho de defensa", sentenció, aclarando que "no está la cosa de que 'si me va mal, renuncio'. No está en esos términos".