Judíos en Argentina apelan para reabrir denuncia de Nisman contra Fernández
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un recurso ante la Justicia que busca seguir con el caso.
El juez Daniel Rafecas, determinó que no existe evidencia de delito para impulsar una investigación en contra de la mandataria.
"No vamos a dejar de trabajar para que se investigue la denuncia y cualquier otra denuncia que haya por la muerte del fiscal", anunciaron los querellantes.
Este martes asociaciones judías apelaron a la decisión de la Justicia argentina de no reabrir el caso de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas acusados de un atentado antijudío de 1994.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación para que se revoque la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia por inexistencia de delito y que se la acepte como querellante para impulsar una investigación, confirmaron a EFE fuentes de la organización.
"No vamos a dejar de trabajar para que se investigue la denuncia y cualquier otra denuncia que haya por la muerte del fiscal (Nisman) y los atentados contra la comunidad judía", aseguró a EFE Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA, tras la apelación.
El fallecido fiscal, encargado de la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, hizo la presentación judicial en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su casa, con un disparo en la sien, en circunstancias aún por esclarecer.
En su denuncia, Nisman sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el gobierno aseguró serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los sospechosos -entre ellos el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani- a cambio de impulsar el intercambio comercial.
El pacto nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, tras ser aprobado por la mayoría oficialista del Congreso, fue declarado inconstitucional por la Justicia, mientras que en agosto, la DAIA y la Fiscalía pidieron desarchivar la causa y, frente a la negativa de Rafecas, iniciaron el proceso de apelaciones.
El pasado 27 de septiembre, la Cámara Federal confirmó el rechazo y este último fallo es el apelado por la DAIA.