Fraude en Carabineros: Caso pasa a juzgado en Santiago

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Autor: Cooperativa.cl

Juzgado de Punta Arenas se declaró incompetente y remitió la causa a tribunal en la capital.

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El fraude alcanza los 5.670 millones de pesos.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas se declaró incompetente en la causa por el fraude en Carabineros y remitió el caso al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La información fue entregada a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial.

La decisión se da un día después de que las defensas de los funcionarios acusados pidieran el traslado de la causa, la que se encuentra liderada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

La jueza Paula Stange explicó que "el Ministerio Público fundó la solicitud en que el principio de ejecución del delito habría ocurrido en la ciudad de Santiago, razón por la cual no corresponde que la causa se siga tramitando acá en la ciudad de Punta Arenas".

"La indagatoria nació de un hecho investigado en Punta Arenas. No obstante, la magnitud de la investigación que lleva esta Fiscalía Regional ha dado cuenta de episodios que datan de un par de años en la ciudad de Santiago", aseveró el fiscal Campos al momento de presentar la declinatoria de competencia.

Campos fue nombrado por el fiscal nacional Jorge Abbott para indagar desde octubre de 2016 la causa, que ha dado como resultado la identificación de al menos 17 funcionarios y ex funcionario que tuvieron una presunta participación en los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.

Se desconoce cuándo formalizará finalmente a los involucrados, pues la defensa ya había pedido al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia de competencia, la cual se fijó para el próximo 25 de abril. Recién ahí, el tribunal capitalino podría recibir oficialmente la causa, retrasando la comunicación de cargos y la formalización.

Responsabilidad administrativa está prescrita

Cabe recordar que en esta misma jornada se dio a conocer que la responsabilidad administrativa en este caso se encuentra prescrita, de acuerdo a la normativa interna de la institución.

Algunos expertos ya advirtieron que esto podría impactar las sanciones administrativas y los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN), integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, coincidieron en que esta situación debe modificarse.

"No hay nada que lo justifique. Estas son las reminiscencias del pasado. Acabamos se despachar en el Senado un proyecto que aumenta las sanciones de delitos por cohecho y creo que también sería importante terminar con esa prescripción de corto tiempo, que obviamente genera altos niveles de impunidad", indicó Harboe.

Mientras que Espina dijo que "debe extenderse la prescripción mucho más allá de la que existe actualmente, porque estos son delitos difíciles de descubrir".

Pese la prescripción, dos funcionarios de la Contraloría están integrando un equipo muitidisciplinario que trabaja junto a la Fiscalía en esta investigación.