Denuncia de torturas en centro de Coanil: Las penas que arriesgan los acusados

La causa por los casos de presunta tortura ocurridos en el centro Alihuén, dependiente de Coanil, en la comuna de Buin, se encuentra en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, desde donde indicaron que las penas podrían llegar a los cinco años.

Una querella por torturas y un recurso de amparo fue la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante las denuncias de maltrato en la residencia y la fiscal Paola Zárate dijo que se evalúa si se cumplieron los protocolos.

"El delito por el cual se efectuó la denuncia, el delito de tortura, tiene una pena que supera los cinco años de privación de libertad. La Fiscalía tiene como función establecer los hechos que habrían sucedido, darles la calificación y también evaluar si correspondía o no a las instrucciones que se habrían impartido para tratar a las personas que presentan este tipo de discapacidades", aseguró.

Los videos de la denuncia mostraban a jóvenes con discapacidad intelectual severa siendo reducidos y amarrados boca abajo a una camilla, acción que Coanil explicó como "contención".

Sin embargo, el protocolo del Servicio Nacional de Menores dice que "la contención física que se puede realizar con un niño solo puede incorporar sujeción de extremidades y de cabeza".

Sol Cáceres, educadora del centro, culpó a Gonzalo Recabarren, el director que fue desvinculado: "Gonzalo tenía una forma muy especial de trabajar. Un día (un niño) le dijo un garabato y, porque se sintió informado, lo empujó, lo tiró al suelo y se tiró encima a apretarle el cuello fuerte".

"Y ellos corrieron a traer la tabla, lo amarraron, el niño tanto que lo amarraron que se hizo pipí y no les importó nada", denunció.

Posible violación a los derechos humanos

El director del INDH, Branislav Marelic, expresó que "estamos argumentando que las contenciones específicas de estos tres niños en el Hogar Alihuén fueron contrarias a la Constitución".

"Si esto, además, es un protocolo y en todas las residencias está protocolizado y se realizan de la misma forma, nosotros tenemos además una violación o una afectación a los derechos humanos de manera generalizada sobre otros niños", agregó.

Coanil no ha vuelto a pronunciarse sobre este caso, mientras están pendientes los alegatos del recurso de amparo a la espera de la información que pidió la Corte de Apelaciones de San Miguel al Sename y al Tribunal de Familia de San Bernardo.