La Subsecretaría de Salud Pública confirmó los alcances de la modificación del reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, e indicó que éste permite que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia mantengan convenios vigentes con el Estado, situación que el texto anterior prohibía.

"No es vinculante con el tema de los contratos. O sea, independientemente, estas instituciones pueden ser objetoras y pueden seguir teniendo contratos con el Estado", ratificó la subsecretaria Paula Daza, horas después de que la resolución del Minsal se publicara en el Diario Oficial.

"De lo que nosotros nos tenemos que preocupar, como Ministerio, es de que la ley se cumpla en todas las instituciones", y con el nuevo protocolo "la ley se sigue cumpliendo", señaló Daza, resaltando que el nuevo protocolo obliga igualmente a las clínicas a prestar atención inicial y a hacer el traslado de las pacientes.

"Este protocolo ha sido mejorado para que haya mayor claridad frente a distintos temas donde había una cierta inseguridad. Habíamos tenido muchas preguntas con respecto al protocolo, y hoy día este protocolo lo que dice es que las instituciones privadas tienen que cumplir la ley y aquellas instituciones que tienen objeción de conciencia deben tener los protocolos correspondientes para poder derivar a las pacientes a instituciones que no tienen objeción de conciencia", insistió.

 

"Inaceptable"

La decisión hizo reaccionar al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, quien ya en los días previos había advertido sobre los riesgos de que esto ocurriera.

"El cambio del reglamento de objeción de conciencia de las instituciones es inaceptable: primero, porque no puede estar sobre la ley y permitir que haya hoy, consagradamente, una financiamiento estatal a establecimientos privados que tengan objeción de conciencia", dijo.

El ex presidente del Colegio Médico alertó que, a raíz de esto, "puede haber una verdadera concertación de clínicas privadas que busquen mantener indemnes sus caudales de recursos del Estado, pero declararse todas ellas en objeción de conciencia, poniendo en un colapso al sistema público".

"Buen criterio"

Desde las aludidas instituciones privadas, celebró la decisión del nuevo Gobierno René Fuchslocher, director de la Clínica Alemana de Osorno, uno de los recintos "objetores" que incluso había recurrido a la Justicia.

"(Lo resuelto) es precisamente lo que nosotros estábamos pidiendo a través del recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valdivia. En este sentido, se ha rectificado lo que fue originalmente el protocolo pronunciado por la ministra de Salud anterior", dijo Fuchslocher.

"Se ha logrado, indirectamente, el mismo objetivo que estábamos buscando, gracias al buen criterio que ha tenido el nuevo ministro de Salud (Emilio Santelices). Así como a ellas (las mujeres) les asiste el derecho de practicarse abortos en las instituciones que así lo otorgan, en nuestra institución no podrán hacerlo", remató el ejecutivo.

La Clínica Alemana de Osorno desistió del recurso de protección que habían presentado, al igual que la Red Salud UC.