Justicia declaró culpables a acusados por atentados contra una comisaría y Escuela de Gendarmería
Joaquín García Chanks y Kevin Garrido Fernández arriesgan hasta 30 años por ambos hechos ocurridos en 2015.
Las defensa no están conformes y preparan un recurso de nulidad, a la espera de conocer las penas.
Ambos acusados son culpables de los delitos de colocación de artefactos explosivos, tenencia de material explosivo y porte ilegal de armas.
La Justicia declaró culpables a los dos imputados detenidos por la instalación de un artefacto explosivo afuera de la 12ª Comisaría de San Miguel y la detonación en la Escuela de Gendarmería de San Bernardo, hechos ocurridos el 29 de octubre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente.
Tras terminado el juicio, el tribunal emitió su veredicto contra Joaquín García Chanks y Kevin Garrido Fernández por los delitos de colocación de artefactos explosivos, tenencia de material explosivo y porte ilegal de armas.
De esta manera, Garrido Fernández arriesga una pena de 29 años y 301 días de presidio, mientras que García Chanks, 16 años y 183 días de cárcel.
El fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, resaltó que "estas penalidades son tan altas como las que se aplicaron respecto de los hechos ocurridos en el Metro (Escuela Militar, en 2014), bajo la ley de conducta terrorista".
"Estamos contentos con el resultado de juicio", manifestó, porque -subraya- "una de las detenciones se produjo en situación de flagrancia, y la otra detención y los otros hechos se establecen con los antecedentes que se fueron recabando durante la investigación".
Cabe recordar que García Chanks estuvo dos meses prófugo en 2016 tras haber escapado de su arresto domiciliario, y además hizo noticia ese mismo año por agredir al ex jefe de la CNI Álvaro Corbalán, en la Cárcel de Alta Seguridad.
Defensa pedirá nulidad
La abogada del primero de los culpables, María Paz Martínez, aseguró que "no es lo que esperábamos, se litigó desde el primer día del control de detención que él nunca tuvo participación en ninguno de los delitos que se le acusa".
Por ello, adelanta, "se está preparando el recurso de nulidad, es lo que procede ahora, y (luego) las cortes decidirán lo que procede respecto de mi representado".
En tanto, en el caso de Garrido Fernández, pese a que fue condenado por los mencionados delitos, fue absuelto por la colocación de un artefacto explosivo, en octubre de 2015, en la empresa Chilectra, ubicada en avenida El Parrón.
No obstante, su defensora, Alicia Parra, tampoco quedó conforme con la decisión del Tribunal, puesto que, acusa, "que la prueba que se rendía tenía distinta entidad y tenía distinta valoración, y nos preocupa especialmente que se haya dictado un veredicto condenatorio conn prueba que a nuestro criterio es insuficiente".
"Nos preocupa -dice- porque puede afectarse a otras personas que se vean involucradas en procesos penales".
Asimismo, ambas defensas piden rebajar a 10 años la penalidad, en la antesala de la lectura de sentencia, que fue programada para las 13:00 horas del próximo 5 de septiembre.