Fiscal imputa a Mauricio Macri y parte de su Gobierno por acuerdo con el FMI
Jorge di Lello acusó "abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público".
El persecutor envió un requerimiento para que se inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del gobierno.
Los denunciantes exigen que, cautelarmente, se suspenda la ejecución del acuerdo.
Un fiscal argentino imputó hoy miércoles al presidente Mauricio Macri y a varios miembros de su gobierno por "abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público", al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que solicitó que sea paralizado.
Jorge di Lello, que hace así lugar a una denuncia presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula de Gobierno.
Además de Macri, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y "todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable".
"Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido", explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes.
En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50 mil millones de dólares es "violatoria de la Constitución".
Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.
Los denunciantes exigen que, cautelarmente, se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de "futuros retiros o solicitud de fondos" de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15 mil millones de dólares).