Juventudes opositoras acusaron a "Aula Segura" de generar "exclusión" y "segregación"

Dirigentes de la juventudes de los partidos de la ex Nueva Mayoría (PS, DC, PPD, PRSD y y JJCC), de las colectividades del Frente Amplio, del PRO y la Juventud Rebelde Miguel Enríquez (MIR), plantearon su rechazo al proyecto de "Aula Segura" mediante una carta dirigida a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La misiva, junto con rechazar cualquier expresión de violencia en escuelas y liceos del país, cuestiona que el proyecto no soluciona el problema de fondo, ni sus causas ni sus alcances y que forma parte de una mirada errada del Gobierno frente a esta problemática.

"Cuestionamos el proyecto de ley 'Aula Segura' promovido por el Gobierno, pues no se hace cargo de la solución del problema, mantiene intactas las condiciones que hacen posible estos hechos, y se centra principalmente en la punición, segregación y exclusión de estudiantes", señala parte de la carta.

"Rechazamos cualquier intento de abordar tan compleja situación mediante atajos efectistas y mirada reduccionista, que solo limitan la posibilidad real de construir, diseñar e implementar procesos que nos permitan -como sociedad- superar de manera definitiva este problema, que, es menester señalar, no es la realidad de la gran mayoría de los establecimientos públicos del país", añade el documento.

El proyecto de Aula Segura, que según la ministra Cubillos ingresó el pasado jueves al Senado con suma urgencia, busca otorgar mayores facultades a rectores o directores de colegios para agilizar los procesos de expulsión a estudiantes involucrados en diversos hechos de violencia, tales como uso de elementos incendiarios o agresiones físcas a funcionarios de establecimientos.

El texto de las juventudes de la oposición además indica que "se establece la expulsión de estudiantes como objetivo central de los esfuerzos a realizar para superar la violencia, lo cual no sólo significará el traslado de la violencia entre establecimientos, sino que también la inhibición del rol formativo y transformador de las instituciones educativas, fin último y principal de su existencia".

El proyecto "no aporta herramientas a las comunidades escolares para enfrentar la violencia", añade el documento.