Keiko Fujimori pidió fin al "odio y ensañamiento" contra su padre tras anularse indulto

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y líder de la oposición peruana, denunció este miércoles como "persecución" la orden judicial para que el ex presidente ingrese en prisión para cumplir su condena por crímenes de lesa humanidad y pidió a sus "enemigos" poner fin "al odio y ensañamiento" en su contra.

Keiko se expresó así entre lágrimas ante los medios congregados frente a la residencia de su padre, en donde adelantó que el ingreso en prisión ordenado por el juez será apelado.

"Todavía no he podido ver a mi padre... Es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es desesperadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario y en segundo lugar señalando que habría errores en la tramitación, y que el que tenga que pagar por estas culpas sea mi padre", afirmó.

Sin nombrarlos expresamente, Keiko, cuyo partido Fuerza Popular es la principal oposición al gobierno del presidente Martín Vizcarra y de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, invocó a los "enemigos políticos" de su padre y su partido que digan "ya basta" y que le pongan "un alto político al odio y ensañamiento" contra su familia.

"Es un hombre de 80 años y saben que está bien deteriorada su salud. Ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida tenía sensación de libertad, que no era plena sino restringida. (...) No voy a entrar en detalles pero creo que esta decisión es injusta, es inhumana y va a ser apelada", insistió.

Una sala de la Corte Suprema de Perú anuló este miércoles el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el ex presidente Fujimori (1990-2000) y ordenó su captura para que sea ingresado en una prisión.

El juez declaró fundado un pedido "de no aplicación" del indulto y dio una orden de "ubicación y captura" para que Fujimori "sea reingresado al establecimiento penitenciario" que determine la autoridad a cargo, agregó.

La decisión, emitida en una sentencia de 225 páginas, señaló que "carece de efectos jurídicos" la resolución de indulto que otorgó el 24 de diciembre pasado Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por "razones humanitarias".

Defensa presentó apelación

Tras el anuncio de Keiko, la defensa del ex presidente Fujimori presentó este miércoles la apelación a la resolución judicial que anuló el indulto, con el objetivo de que no vaya a prisión.

El abogado Miguel Pérez Arroyo manifestó que se solicitará "a la judicatura que se suspenda la ejecución de la entrada en prisión por efecto de esta anulación, a nuestro criterio, irregular".

"Hablé con él, estaba bastante consternado", dijo el abogado de Fujimori. (Foto: @albertofujimori)

Indicó que el estado de salud del ex mandatario "es delicado. En la mañana, que hablé con él, estaba bastante consternado y eso, como saben, una patología cardíaca de esta naturaleza puede originar algún tipo de trastorno inmediato que le puede dar la muerte súbita".

Gobierno peruano acatará el fallo

Por su parte, el gobierno de Perú anunció que acatará la resolución judicial que anuló el indulto humanitario.

"Como gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos", señaló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) en un comunicado.

"Ratificamos nuestra firme posición de sometimiento a la Constitución y a las normas vigentes, la institucionalidad de los órganos que administran justicia, quienes actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales", concluyó.

El indulto humanitario fue cuestionado porque Fujimori estaba cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad y fue otorgado poco después de que un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo liderados por Kenji, el hijo menor del exmandatario, evitaran la destitución de Kuczynski por el Congreso.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.