Justicia aumentó condenas a dos ex carabineros por el caso Randolph
Los ex uniformados deberán cumplir cinco años y un día de presidio efectivo por el crimen del joven universitario en 1985.
El Estado deberá pagar 120 millones de pesos a las hermanas de la víctima.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa, en contra de la sentencia que había condenado a los ex uniformados.
La justicia rechazó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los ex carabineros Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez por la sentencia inicial de tres años y un día de libertad vigilada y aumentó la pena a cinco años y un día de cárcel efectiva por las torturas y el asesinato del estudiante José Randolph, en mayo de 1985 en Concepción.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de los ex uniformados.
"Más que feliz, más que satisfecha con este fallo que confirma y ratifica que mi hermano fue torturado y asesinado por agentes del Estado, y por lo tanto fue, es, y será siempre un caso de derechos humanos, por lo tanto, no prescribe ni prescribirá jamás", señaló Catina Randolph, hermana de la víctima.
Los condenados deberán cumplir cinco años y un día de presidio efectivo, como autores de un crimen de lesa humanidad.
Los antecedentes del caso
El estudiante de la Universidad de Concepción José Randolph, fue asesinado en mayo de 1985 tras ser detenido por una presunta infracción de tránsito en el sector de Club Hípico.
Según los antecedentes, Randolph escapó pero luego de ser capturado fue torturado, asesinado con un golpe en la cabeza, y su cuerpo arrojado en la playa de Rocoto, en la comuna de Hualpén.
El caso es emblemático porque a los pocos días del hallazgo del cuerpo apareció una carta de suiciodio la que se comprobó que fue escrita por el propio joven pero bajo torturas de los carabineros, las que derivaron incluso en la pérdida de uno de los globos oculares.
El caso había sido sobreseído en dictadura luego que el juez que llevaba la causa fuera amenazado a tal nivel del secuestro de su esposa, y fue reabierto recién en 2009 luego que Catina, su hermana, presentó el caso al ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos en Concepción, el ministro Carlos Aldana.
Cabe señalar que el Estado deberá pagar 120 millones de pesos a cada una de las dos hermanas de la víctima.