Atacama: Minera canadiense exige que comunidad indígena le devuelva 285 millones
Kinross demandó a los colla del Río Jorquera para exigir la restitución de dineros pagados en el marco de un acuerdo de servidumbre.
La abogada que representa al grupo asegura que la trasnacional actúa de modo "malicioso".
La empresa minera decidió demandar a la comunidad indígena.
El 13 de diciembre del 2018 se escribió un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta a la comunidad Colla del río Jorquera y a la empresa canadiense Kinross .
Aquél estalló en el mes de noviembre, cuando los indígenas bloquearon el acceso a la faena Maricunga, a raíz de un episodio de contaminación por hidrocarburos que se arrastra del 2017.
Ahora, la empresa interpuso una demanda civil contra la comunidad a fin de recuperar 285 millones de pesos, correspondientes al pago por un contrato de promesa de servidumbre respecto de las torres eléctricas ubicadas en terrenos de su propiedad.
Dado que falló la condición a la que estaba sujeta la servidumbre, el contrato quedó sin efecto y, por tanto, también el pago efectuado, argumenta la compañía.
"Accionar malicioso"
La promesa de servidumbre de paso consiste en el permiso para utilizar el terreno donde se ubican las torres y que, en este caso, son en terrenos de la comunidad.
Según Kinross, se entregaron "los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo con nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades".
La jefa jurídica de la comunidad colla, la abogada Sandra Pastén, dijo a Cooperativa que el actuar de la minera "no sorprende".
"Es un accionar de la compañía minera Maricunga malicioso, un hostigamiento a la comunidad, toda vez que ellos están imputando que la comunidad les devuelva dineros que ellos pagaron el 2014, a través de un instrumento que es una transacción por controversias históricas", indicó.
Pasten señaló que las servidumbres no se concretaron porque la compañía minera Maricunga no cumplió la resolución 1270 de la Conadi del 2014, que señalaba una cláusula penal de 500 millones de pesos por posibles afectaciones ambientales.
"Desde el año 2014 hasta la fecha no han cumplido con esa cláusula penal y la afectación -como ya es de público conocimiento- ocurrió: es el derrame de hidrocarburos, sumado a los otros derrames de aguas servidas, la ocupación ilegal de la propiedad. Por lo tanto, la comunidad no podía continuar aceptando de buena fe que pudieran transitar hacia el campamento Rancho del Gallo, donde tiene su arrendamiento con Bienes Nacionales", dijo la abogada.
Según Sandra Pastén, la empresa quiere dar vuelta la situación y desprestigiar a la comunidad. Advierte además que, tener éxito, podría sentar un mal precedente jurídico, donde las empresas demanden las comunidades o el mismo Estado por supuestos incumplimientos.
La profesional señaló, finalmente, que harán llegar los antecedentes al Banco Mundial y al Banco Interamericano, debido a la situación ocurrida en el transcurso con la minera canadiense.