Corte declara despido injustificado en Gobernación del actual intendente (s) de Atacama

En la marcha por el Día de la Mujer convocada por la Mesa del Sector Público de Atacama, dirigentes destacaron el caso de dos ex funcionarias de la Gobernación de Copiapó que fueron desvinculadas y recurrieron a la Justicia por despido injustificado.

Lilian Vilches, unas de las afectadas, contó a Cooperativa que, teniendo ella un contrato de honorarios hasta el 31 de diciembre del 2018, fue despedida el 27 de abril.

"El gobernador Manuel Corrales dijo que el principal motivo era no contar con presupuesto, cosa que quedó desmentida, porque el lunes siguiente entró a trabajar otra persona en mi puesto de trabajo", recordó.

Vilches agregó que entabló una demanda laboral contra el Estado, "porque era mi empleador, y posteriormente el Tribunal Laboral señaló que el despido fue injustificado, causa que fue ratificada por la Corte de Apelaciones en febrero, donde se reitera que existía un vínculo laboral".

Para la ex funcionaria, que lleva 10 meses sin trabajo, el despido obedeció a razones políticas, al haber ingresado a esa repartición bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, pese a que -enfatizó- no pertenece a ningún partido político.

Respuesta

Consultado por el caso, el gobernador Manuel Corrales, actual intendente subrogante de Atacama, indicó que son los tribunales los que se deben pronunciar, pero "las funcionarias fueron desvinculadas como dice la ley".

"Yo soy abogado, y si ellas vieron que existieron o vieron vulnerados sus derechos están los tribunales, donde recurrieron y no hay problema", indicó.

Sin embargo, consultado por el procedimiento judicial de la desvinculación, se limitó a decir: "No lo recuerdo, eso fue un tema judicial que lo vio la abogada de la Gobernación".

La profesional aludida, Kim-fa Bondi, ahora es Seremi de Energía de Atacama.

Diez ex funcionarios han sido reintegrados

El presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Hugo Carmona, destacó el falló y declaró que sienta un precedente respecto de la relación de un empleado en calidad de honorario con el Estado.

Carmona agregó que, en total en la instalación del nuevo gobierno, 40 funcionarios fueron despedidos, algunos con buenas calificaciones, siendo 10 reintegrados a sus labores, "pero es algo que sucede en todos los gobiernos, independiente del color político".

El Consejo de Defensa del Estado puede apelar al fallo, lo que elevaría el caso a la Corte Suprema. De no perseverar, a las ex trabajadoras se les deberán cancelar indemnizaciones, vacaciones, entre otros, como un despido normal.