Corte Suprema adopta medidas sobre probidad y transparencia tras crisis en Rancagua

El pleno de la Corte Suprema adoptó una serie de medidas sobre probidad y transparencia como consecuencia de la trama de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua por la que tres jueces fueron suspendidos por tráfico de influencias y faltas a la probidad.

Entre estas medidas está el hacer públicas las agendas de ministros, jueces y otros funcionarios judiciales, ampliar los documentos que deben publicarse, entre otras.

El presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, se refirió a este escándalo en la imagen del Poder Judicial.

"Evidentemente la ocurrencia de estos hechos son particularmente significativas, lesionan credibilidad y eso es lo que a nosotros nos importa. Las personas sacan cuentas, sacan conclusiones, dicen: 'bueno, puede que no sea esto todo lo que hay'. Pero aplicado por nosotros en la investigación, la conclusión será la que resulte de aquel proceso", dijo Brito.

También deberán publicarse diariamente la composición de las salas de las Cortes de Apelaciones; tendrán que existir audiencias públicas de concursos ante los tribunales de alzada para el nombramiento de cargos.

Asimismo, las medidas disciplinarias ejecutoriadas serán sistematizadas y publicadas en un reporte estadístico anual en la página web y sometida a actualización periódica. 

Otras medidas

Además, Haroldo Brito también dio a conocer un acuerdo del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) consistente en la creación de una política de prevención de delitos de corrupción.

Esta política establece un canal de denuncias para los funcionarios de la CAPJ para consultar, informar y denunciar cualquier situación que revista el carácter de delito.P

Para ello se confeccionó un manual que describe los procedimientos de carácter operativo y sistemático del sistema de prevención del delito, con el objeto de prevenir, detectar y administrar los riesgos legales. 

También se realizará una permanente capacitación y difusión de las normas legales y administrativas, propiciando que su personal obtenga instrucción y conocimiento de los eventuales cambios legislativos y administrativos en materia de los delitos a los que pudiesen estar afectos.

Finalmente, se acordó que los funcionarios que entreguen información y antecedentes que revisten caracteres de presuntos delitos, deberán ser puestos en conocimiento, de los respectivos conductos establecidos para estos fines, información que se manejará con la prudencia, confidencialidad y reserva necesaria, de manera tal que se garantice el pleno anonimato de su identidad.

Intensa jornada en Fiscalía

En paralelo, este jueves se vive una intensa jornada de reuniones en la Fiscalía Nacional luego que Jorge Abbott regresara de emergencia a Chile tras participar en un encuentro anticorrupción en Colombia, pero que terminaba el sábado.

El retorno de Abbott se da en medio del conflicto entre el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y su ex mano derecha, Sergio Moya, cuya casa y oficina fueron allanadas en el marco de una de las aristas de la Operación Huracán.

Abbott también se reunió este jueves con el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, que lleva adelante la investigación penal contra Arias y también se reunió con Carlos Palma, el persecutor que indaga el mal manejo de la evidencias de la Operación Huracán y también se espera que se reúna con el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, a propósito del atentado explosivo frustrado que afectó al presidente del Metro, Louis de Grange, junto al fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Antes estuvo en el edificio institucional Sergio Moya, quien habría declarado ante el fiscal Alberto Ayala, quien lleva el sumario administrativo contra Arias respecto a la denuncia que hizo él y ante la denuncia del caso Caval, donde Arias y Moya aparecen como imputados.

Además, en ese mismo caso, llegó al edificio ubicado en calle Catedral Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, para conocer los antecedentes de la investigación por violación de secreto y amenazas.