Blumel: Para tener una nueva Constitución y un acuerdo social, necesitamos paz y orden público

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, profundizó este domingo por la noche en el proyecto de ley que anunció el Presidente Sebastián Piñera para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan colaborar con Carabineros para resguardar puntos críticos de servicios básicos del país, y aseguró que tras los acuerdos por una nueva Constitución y por una agenda social, el próximo pacto que urge "es por la paz social y el orden público". 

En entrevista con Mega, el secretario de Estado afirmó que la iniciativa que busca volver a sacar a militares a la calle, pero sin la necesidad de generar un decreto de Estado de Excepción Constitucional, servirá "solo para apoyar en el cuidado de infraestructura crítica" y tendrá duración "temporal, con control, de manera de asegurar que se aplique de buena manera". 

"Este proyecto, lo que hace es que permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el cuidado de la infraestructura crítica -hospitales, las centrales de energía, cuarteles policiales- para poder liberar a los policías, los carabineros, para que estén en el control del orden público. No es que las FF.AA. van a estar a cargo del orden público, van a apoyar el cuidado de la infraestructura crítica que hoy día requiere de policía", explicó Blumel. 

El jefe de gabinete señaló que esta propuesta "es algo que se hace en muchos países: en el Reino Unido, en Francia, Alemania se contempla la colaboración de las FF.AA. en el cuidado de la infraestructura crítica", y que de aprobarse, "varios miles de carabineros que hoy están cuidando el metro, que están cuidando infraestructura crítica, que están cuidando los comercios, que hoy día no pueden salir de los cuarteles policiales porque están siendo atacados van a ser liberados de esas funciones y estar en las calles en los barrios, las plazas".

Consultado sobre la posibilidad de que los militares respondan ante un eventual ataque a estos puntos, Blumel señaló que "eso se regula en la ley y existen mecanismos para asegurar que el uso de la fuerza sea proporcional y ajustado a las circunstancias".

Asimismo, se refirió al proyecto de modernización de las policías, indicando que "nadie anticipó el nivel de violencia y desafío al orden público que hemos tenido en el último mes. Por cierto Carabineros necesita modernizarse y fortalecerse para hacerse cargo de esta nueva realidad. Nosotros teníamos en el Parlamento una ley para modernizar carabineros, pero vamos a tener que avanzar mucho más rápido".

"Acuerdo por la paz y el orden público"

En la conversación, Blumel aseguró que tras el histórico acuerdo entre el oficialismo y la oposición por una nueva Constitución, y el pacto por la mejora de pensiones y rebaja de medicamentos y transporte, "el próximo acuerdo que tenemos que construir a partir de mañana es el acuerdo por la paz social y el orden público". 

"Lo que estamos planteando al país, lo que estamos planteando a todos los actores políticos, sociales, es que tomemos un compromiso por la paz, de rechazar la violencia y de fortalecer el orden público", planteó. 

"Para tener una nueva Constitución, para poder tener un acuerdo social que funcione, necesitamos paz y necesitamos orden público", agregó el ministro. 

Derechos humanos

El ministro del Interior también se refirió a las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social.

"Se ha instalado una suerte de falso dilema entre orden público y DD.HH. Son absolutamente compatibles y necesarios los dos. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el orden público con un pleno y total respeto por los DD.HH. El orden público y el uso de la fuerza legal por parte de las policías tiene un límite fundamental, que es el pleno respeto por los DD.HH.", planteó Blumel. 

E indicó que la instrucción "que le hemos dado a Carabineros, a las policías, es que cada denuncia de abuso, además de ser investigado con sumario interno, los antecedentes sean entregados a la fiscalía para que investigue penalmente. Según la fiscalía hay más de 1.000 denuncias que se están investigando".

El Gobierno rechazó el informe que publicó el jueves Amnistía Internacional sobre violaciones "generalizadas" a los derechos humanos durante la crisis social, asegurando que "incluye aseveraciones irresponsables.

La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando estalló la crisis.