Brahm ante Fiscalía: El TC tenía un ambiente propicio para personas que buscaban demorar causas

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, declaró en calidad de testigo ante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte el 28 de abril pasado, en el marco de la causa por presunta corrupción al interior del organismo.

El caso que lleva la persecutora Ximena Chong fue abierto producto de la denuncia de la diputada comunista Carmen Hertz, después de que los dichos de Brahm que aludían a dilaciones en asuntos de DD.HH previo a asumir su cargo encendieran las alarmas.

El documento de ocho planas resumido por La Tercera señala que la ministra aclaró que antes de su presidencia no había un orden particular de revisión en el pleno, y que "las causas empezaron a ingresar el 2010, ese año y el 2020 son muy menores", sumando alrededor de 70 en ese periodo.

Asimismo, dio constancia de que "la demora no es exclusiva en casos de DD.HH. Ya a esa altura, el presidente (Iván Aróstica) había tomado un par de medidas, a fines de 2018 e inicios de 2019, producto de la presión", provocando una notoria disminución en el tiempo de tramitación, "tanto en la etapa previa a la vista, como en el plazo de redacción de la sentencia", aunque suelen haber atrasos en ambas fases.

"No estoy atribuyendo ningún delito"

Respecto al rol puntual del ex presidente del TC, Brahm planteó que "las causas de DD.HH. generalmente llegaban a la sala dónde estaba él, me refiero a Iván Aróstica. Cuando estaba de presidente de la segunda sala, todas llegaban a esa sala, o una gran mayoría, y cuando se cambia a la primera sala, pasan a esa sala. Yo asumo que él tomaba esa decisión".

Sin embargo, precisó que en materia de DD.HH "yo diría que estos requerimientos en general desde un inicio venían con pocas posibilidades de éxito en el fondo, pero la suspensión siempre es atractiva".

Por tanto, sobre las presuntas demoras en causas de la materia afirmó que "no estoy atribuyendo ningún delito. Obedece a lo que yo le he explicado durante esta declaración; hacer una situación propicia para que personas que no tuvieran reales conflictos de constitucionalidad, vinieran al tribunal buscando sólo demora o tiempo".

"A mí me parece que el manejo de las causas que he referido, poco prolijo en la gestión, en los tiempos de tramitación, en el voto dirimente, etcétera, generaba un ambiente propicio para ese aprovechamiento. Y somos nosotros entonces, no los privados que no tienen ninguna obligación, los que debemos hacer lo posible por enmendarlo", puntualizó.

De acuerdo a Brahm, el funcionamiento del voto dirimente "en la primera sala (...) desde (la ex ministra) Marisol Peña tiene el criterio de que el presidente sí dirime en caso de empate. La ministra Peña lo utilizó muy restrictivamente. El ministro Aróstica usó el criterio de dirimir de modo permanente en casos de admisión a trámite, admisibilidad, suspensiones, etcétera".

Finalmente, la ministra declaró no recordar que, mientras presidía el TC, Aróstica "hubiera dado alguna vez explicación por las demoras en estos casos".

Otros ministros reconocen dilaciones

Coincidió con Brahm la declaración del ministro Gonzalo García -más antiguo en el TC-, quien señaló que poco tiempo después de que empezara a presidir la segunda sala, "pasó a ser una sala en que sistemáticamente veíamos casos de tramitación masiva".

"Hasta mayo del 2018, época que coincide con la salida de la ministra Peña, la asignación a ambas salas era pareja yo diría. Cuando el ministro Aróstica se va a la primera, comienza este desbalance cualitativo y cuantitativo al que me he referido", detalló García.

Cuando la segunda sala lo discutió en el pleno, Aróstica habría respondido que "se había asignado una especialidad a la sala; esto no fue aceptado por la sala, ya que no obedeció a una decisión colegiada. Tampoco era plausible una hipótesis de especialidad penal porque las causas de derechos humanos tienen tal carácter. Hoy esto está totalmente corregido".

Por su parte, el ministro Rodrigo Pica recordó en su declaración que mientras era relator, el presidente Aróstica le solicitó en septiembre de 2017 revisar causas en tramitación una vez al mes tras observar retrasos en algunas de ellas, varias sin relación a DD.HH.

La razones de las demoras registradas entre 2016 y 2019 para el ministro se debieron al "problema de los relatores y el engrosamiento del rol de asuntos, además de los tiempos de redacción de sentencia".

La declaración de Hugo Gutiérrez

En tanto, en su declaración en calidad de querellante, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) detalló los sustentos de su acción legal emitida contra José Ignacio Vásquez y Aróstica por presunto cohecho el mes pasado.

"Con respecto a Aróstica se me mencionaron reuniones semanales entre los ministros y el abogado Enrique Navarro, que se materializarían en almuerzos semanales los viernes en el Club de la Unión", encuentros que fueron confirmados de palabra por el hombre a cargo del recinto. En su querella, el parlamentario apunta que el jurista tiene gran cantidad de informes en derecho en casos que luego son resueltos por ambos ministros.

Asimismo, "tuve conocimiento de un eventual mal manejo de dinero por Aróstica en el TC, solo tuve conocimiento y no profundicé en ello. Además de eso, Aróstica tenía cierto fanatismo militarista, era vox populi en el ámbito jurídico. Sobre Vásquez no tenía mucho conocimiento".

Otras informaciones que no ha podido corroborar conciernen a la ex ministra Marisol Peña, quien votó "permanentemente" a favor de los trabajadores "estableciendo que sí era aplicable el artículo 4 inciso primero, parte final, de ley 19.886, a las empresas condenadas por tutela", hasta causa rol 3570 del 19 de marzo del 2018.

En ella, el diputado encontró que Peña "concurre con su voto al acuerdo en favor de la empresa. Ese empleador era la Universidad Católica, en donde Peña y (el ministro Juan José) Romero eran, a la fecha del acuerdo, académicos. Cuando Peña termina su mandato en el TC, y aún pendiente el acuerdo de la causa aludida, es nombrada secretaria general de la PUC".

Sobre la verificación de estos datos, Gutiérrez señaló que su abogado Fernando Monsalve revisó un listado de causas que le facilitó el periodista Patricio Mery Bell "y en ellas en cinco había coincidencia", agregando que en lo que se refiere a la ex ministra "he avanzado bastante y creo que no se ve bien su conducta, por lo que eventualmente lo materializaré en una denuncia criminal".