Gobierno promulgó ley que endurece penas a infractores sanitarios pocas horas después de su despacho
Ejecutivo envió decreto promulgatorio a la Contraloría el mismo día que la iniciativa fue aprobada en el Congreso.
Con esto se buscó desarticular presentación ante el TC encabezado por parlamentarios opositores.
Este jueves un grupo de diputados de oposición, liderados por el socialista Marcos Ilabaca, llevó al Tribunal Constitución la ley que endurece las penas por incumplir las normas sanitarias durante la pandemia, con la intención de poner en suspenso la aplicación de la norma que fue promulgada por el Gobierno ayer mismo, pocas horas después de que fue despachada por el Congreso.
El requerimiento por inconstitucionalidad (ver documento) fue ingresado hoy alrededor de las 13:00 horas, pero poco después, a eso de las 14:30 horas, el Presidente Sebastián Piñera habló desde La Moneda en una ceremonia que se entendió como la promulgación de la norma.
De hecho, aunque la pauta convocada para hoy por Presidencia refería escuetamente una actividad para destacar "los alcances de la ley que aumenta penas para infractores de medidas sanitarias", lo cierto es que fue ayer, sólo horas después del despacho del proyecto desde el Congreso, cuando el Gobierno ingresó -a las 18:43 horas- el decreto promulgatorio a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
Aquello como una forma de anticiparse y desarticular la anunciada movida opositora, ya que previamente, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer el proyecto impulsado por parlamentarios oficialistas cerca de las 15:00 horas, el diputado Ilabaca hizo reserva de constitucionalidad, lo cual concretó hoy ingresando el requerimiento al TC.
En este marco, el parlamentario socialista se manifestó "absolutamente sorprendido de que en menos de 24 horas el Gobierno le haya puesto la celeridad que le puso a este proyecto de ley. Nosotros votamos a las tres de la tarde y el Gobierno inmediatamente lo despacha".
Ilabaca apuntó que "es un derecho requerir al Tribunal Constitucional, pero con esta metodología y un Gobierno que acelera al máximo, y creo con la complicidad de la Mesa de la Cámara, la tramitación y promulgación que, en definitiva, más que beneficiar va a dañar a muchos chilenos (...) Esta es una ley que busca sancionar a la población, y en la matriz principal está mal hecha".
A su vez, la presidenta de Convergencia Social, la diputada Gael Yeomans, consideró que el Gobierno tiene mal puestas las prioridades.
"El Gobierno hace rato que tiene las prioridades mal puestas. Se ha hecho costumbre promulgar con mucha rapidez medidas punitivas, sin embargo en las medidas que más diferencia hacen en la vida de la gente o hay un portazo en la cara o demoras excesivas en su promulgación", sostuvo.
En cualquier caso, el TC acogió a trámite el requerimiento y convocó al Pleno a una sesión extraordinaria para este viernes a las 12:30 horas con objeto de analizar la admisibilidad (Rol 8839-20).
Multar a quienes realizan fiestas o a quienes se trasladan a segundas viviendas son medidas absolutamente comprensibles. Pero poner en el mismo nivel a miembros de familias que deben trabajar el día a día para comer, no es la forma. #Chile #pandemia #LosRios #valdiviacl
— Marcos Ilabaca (@marcos_ilabaca) June 18, 2020
PENAS DE HASTA TRES AÑOS, O INCLUSO CINCO SI HAY AGRAVANTES
Aunque su aplicación parece estar en suspenso, debido a la actuación que deberá resolver el TC, Piñera resaltó hoy que la ley "aumenta las penas hasta tres años de cárcel en los casos más graves, y hasta cinco años si la persona actúa en forma maliciosa cuando a sabiendas de que pone en peligro o en riesgo la salud de los demás".
"Además establece un trabajo comunitario que nos gustaría fuera dirigido preferentemente a un trabajo en beneficio de los centros de salud; y establece también que quienes obliguen a una persona a trabajar infringiendo las normas sanitarias o las cuarentenas también arriesgan penas de cárcel y multas", complementó.
En específico, el proyecto despachado introduce cambios al Código Penal y sanciona con multa de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) o hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan las medidas; sanciones que serán independientes a las que actualmente puede imponer la autoridad sanitaria, mediante sumarios, cuyas multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos.
Asimismo, establece que quienes, a sabiendas, generen riesgo de propagación de agentes patológicos -es decir, aquellos que estando confirmados como positivos a Covid-19 no cumplen el aislamiento-, arriesgarán hasta cinco años de presidio y una multa cercana a los 12,5 millones de pesos.
Se considerará como agravante el organizar eventos clandestinos; en tanto, cuando la pena sea privativa de libertad, el juez podrá sustituirlas por trabajos comunitarios. Se agregan también sanciones a quienes obliguen a trabajadores a desplazarse a lugares de trabajo.