La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones por incumplir las normas sanitarias durante la pandemia.
El proyecto, impulsado por parlamentarios oficialistas, recibió 85 votos a favor, 61 en contra -prácticamente todos de la oposición- y dos abstenciones.
La iniciativa introduce cambios al Artículo 318 del Código Penal y sanciona con multa de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) o hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan las medidas; sanciones que serán independientes a las que actualmente puede imponer la autoridad sanitaria, mediante sumarios, cuyas multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos.
Asimismo, establece que quienes, a sabiendas, generen riesgo de propagación de agentes patológicos -es decir, aquellos que estando confirmados como positivos a Covid-19 no cumplen el aislamiento-, arriesgarán hasta 5 años de presidio y una multa cercana a los 12,5 millones de pesos.
Se considerará como agravante el organizar eventos clandestinos; en tanto, cuando la pena sea privativa de libertad, el juez podrá sustituirlas por trabajos comunitarios. Se agregan también sanciones a quienes obliguen a trabajadores a desplazarse a lugares de trabajo.
De esa forma, luego de que la Cámara Baja ratificara en tercer trámite el proyecto tal como salió del Senado, quedó en condiciones de ser promulgado. Sin embargo, el diputado PS Marcos Ilabaca, que votó en contra, hizo reserva de constitucionalidad.
Pese a que no fue iniciativa del Gobierno, sí patrocinó su tramitación ingresando las urgencias respectivas para su discusión, con el objetivo de que endurecer las penas sirva como una "señal potente a la ciudadanía".
LA CRÍTICA DE LA OPOSICIÓN
La diputada PS Maya Fernández cuestionó que, en su opinión, "este proyecto va a sancionar a quienes más lo necesitan, a quienes tiene que salir día a día porque la crisis sanitaria y económica los ha afectado, por eso creemos firmemente que el camino no es la cárcel".
Por su parte, el DC Matías Walker consideró que "era muy importante permitirles a los jueces ampliar las sanciones, por ejemplo a los que evaden los controles sanitarios viajando el helicóptero", a la vez que sostuvo que, en su interpretación, "es falso que este proyecto persiga meter a la cárcel a los infractores".